Oficio 37

DESDE SU INICIO HASTA SU PAGO POR PARTE DEL CLIENTE FINAL (FUERZAS

MILITARES)  MEDIANTE EL GIRO DIRECTO DEL  100 %  DEL VALOR

CONTRACTUALMENTE PACTADO,  QUE  INTEMA LTDA  RECIBA NINGÚN

VALOR DE PARTE DEL CLIENTE IMPORTADOR.

 

UNA VEZ CUMPLIDA NUESTRA TAREA CONFORME AL CONTRATO DE

REPRESENTACIÓN Y AL CONTRATO  QUE A SU NOMBRE FIRMAMOS

FACTURAMOS NUESTRO SERVICIO DE REPRESENTACIÓN AL FABRICANTE

CHILENO ESTE A SU VEZ NOS CANCELA UN VALOR, CUYO MONTO INGRESA A

COLOMBIA EN FORMA LEGAL CONFORME A LAS LEYES CAMBIARIAS

VIGENTES. ES DE ENTENDER QUE ESTA COMPENSACIÓN ECONÓMICA QUE

RECIBIMOS POR SERVICIO, FORMA PARTE INTEGRAL DE LOS COSTOS BASE

PARA EL CÁLCULO DEL PRECIO FINAL QUE EL FABRICANTE CHILENO ASIGNA

A SU PRODUCTO, PRECIO CON EL CUAL SE IMPORTA Y NACIONALIZA POR

PARTE DE LAS FUERZAS MILITARES Y SOBRE EL CUAL PAGA EL  IVA  DEL

16% DE ESTE, SIENDO ESTE EL VALOR REAL A RECIBIR YA QUE CLIENTE

NACIONAL NO PUEDE DEDUCIR NINGÚN  IVA  EN ESTA OPERACIÓN,  POR

CUANTO NUESTRA EMPRESA  INTEMA LTDA NI NINGUNA OTRA PERSONA

NATURAL O JURÍDICA LE HA EFECTUADO VALOR ALGUNO CON CARGO A

DICHA IMPORTACIÓN O NEGOCIACIÓN.

 

ASI EL ASUNTO NO SE PUEDE CONCEBIR QUE SI EL ESTADO YA HA RECIBIDO

LA TOTALIDAD DEL VALOR DEL IVA CORRESPONDIENTE A ESTA OPERACIÓN

COMERCIAL,  PAGADO POR EL CLIENTE NACIONAL AL MOMENTO DE

NACIONALIZACIÓN DE LA IMPORTACIÓN, SE PRETENDA RECIBIR UN MAYOR

VALOR POR EL MISMO CONCEPTO CON CARGO A NUESTRO SERVICIO

FACTURADO AL EXTRANJERO,  EL CUAL NO SERÍA DEDUCIBLE PARA

NOSOTROS SINO UN MENOR VALOR DEL INGRESO DADO QUE NO LO

PODEMOS FACTURAR AL FABRICANTE CHILENO.

 

EN NUESTRO CONCEPTO AL SERVICIO QUE ESTAMOS PRESTAMOS LE ES

APLICABLE LA EXENCIÓN DE IVA CONTEMPLA EL LITERAL E) DEL ARTICULO

481  DEL ESTATUTO TRIBUTARIO,  EL CUAL DISPONE: “TAMBIÉN SON

EXENTOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LOS SERVICIOS QUE SEAN

PRESTADOS EN EL PAÍS EN DESARROLLO DE U CONTRATO ESCRITO Y SE

UTILICEN EXCLUSIVAMENTE EN EL EXTERIOR, POR EMPRESAS O PERSONAS

SIN NEGOCIOS O ACTIVIDADES EN  COLOMBIA,  DE ACUERDO CON LOS

REQUISITOS QUE SEÑALE EL REGLAMENTO. (….).

 

HASTA EL AÑO PASADO LA DIAN NOS VENIA ACEPTADO LA APLICACIÓN DE

ESTA NORMA, DE LA CUAL TU CONOCIMIENTO EN VARIAS OPORTUNIDADES

EN LAS CUALES NOS REALIZÓ DEVOLUCIONES POR SOBRANTES DE L QUESOLICITAMOS. AL ESTAR TRAMITANDO UNA  DE ESTAS DEVOLUCIONES, EL

FUNCIONARIO AL CUAL CORRESPONDIÓ EL EXPEDIENTE NOS MANIFIESTA

QUE ESTE SERVICIO ES GRAVADO CON EL  IVA,  SIN EXPONERNOS UNA

RAZÓN JURÍDICA QUE SUSTENTE SU DETERMINACIÓN.”

 

RESPUESTA:

 

Como puede observarse, la totalidad  de los interrogantes planteados hacen

referencia a la aplicación de disposiciones de carácter tributario, razón por la cual

debemos puntualizar que la misión del Consejo Técnico de la Contaduría Pública

es la orientación técnico - científica de la profesión, a partir  de la investigación

científica y tecnológica en áreas relacionadas con la ciencia contable en general,

sus principios y normas, mediante el  ejercicio doctrinario, la resolución de

conflictos técnicos entre Contadores Públicos y la emisión de directrices

orientadoras del ejercicio profesional.

 

Es por ello que cuando se contempla entre sus funciones servir como órgano

consultor del Estado y de los particulares en aspectos técnico - científicos de la

contaduría pública y del desarrollo del ejercicio profesional,  tal competencia no

puede extenderse al análisis, la interpretación, aplicación o efectos de

disposiciones de estirpe meramente tributaria, materia que escapa a la órbita de

competencia funcional de este organismo de orientación técnico – contable y que

se halla asignada de manera exclusiva y excluyente a las autoridades reguladoras

en el ámbito impositivo.

 

Sobre este particular y habida cuenta de los comentarios que aparecen en el texto

la consulta, es necesario señalar que no puede perderse de vista que, más allá

del eventual desacuerdo que los particulares encuentren frente a las que

normalmente se perciben como posiciones adversas emitidas por las autoridades

fiscales, son estas las únicas encargadas de la aplicación de la normatividad que

regula la materia para los casos particulares de los contribuyentes, quienes

cuentan, desde luego, con todos los mecanismos propios del debido proceso y el

derecho de defensa para controvertir los  actos administrativos que consideren

indebidamente lesivos de sus intereses; actos que, sin embargo, ostentan

presunción de legalidad a partir de su ejecutoria y son susceptibles de las

respectivas acciones jurisdiccionales cuando por la vía gubernativa no se logre el

cambio de la decisión de la administración que ha sido impugnada.

 

En este orden de ideas y teniendo en cuenta que ya se han proferido

pronunciamientos de la autoridad competente, exhortamos al solicitante a hacer

uso ante ella de los recursos de los cuales dispone para  controvertir las