Oficio 63

especial, razón por la cual debemos  puntualizar que la misión del Consejo

Técnico de la Contaduría Pública es la orientación técnico - científica de la

profesión, a partir de la investigación científica y tecnológica en áreas

relacionadas con la ciencia contable  en general, sus principios y normas,

mediante el ejercicio doctrinario, la  resolución de conflictos técnicos entre

Contadores Públicos y la  emisión de directrices orientadoras del ejercicio

profesional.

Es por ello que cuando se contempla entre sus funciones servir como órgano

consultor del Estado y de los particulares en aspectos técnico - científicos de la

contaduría pública y del desarrollo del ejercicio profesional, tal competencia

encuentra límites frente al análisis, interpretación, aplicación o efectos de

disposiciones que pueden tener regulación especial por parte de las entidades

encargadas de la inspección vigilancia y control del sector, materia que escapa a

la órbita de competencia funcional de  este organismo de orientación técnico –

contable y que se halla asignada de manera exclusiva y excluyente, en este caso,

a la Superintendencia de Economía Solidaria.

No obstante lo anterior, como una guía  para el consultante, a continuación

presentamos la visión que, desde el punto de vista de la normatividad contable,

resulta aplicable de manera general a quienes ejercen la profesión de contador

público. Veamos:

Como es de todos conocido, la interpretación y aplicación de las normas que

establecen limitaciones, como es  el caso de aquellas que contemplan

inhabilidades o incompatibilidades para el ejercicio de cierto cargo o actividad, es

de carácter restrictivo, vale decir, que la causal que ocasione el correspondiente

impedimento debe estar expresa y taxativamente señalada en la Ley, de manera

tal que, en estos casos, no son de recibo interpretaciones analógicas o extensivas

de la norma que se pretenda aplicar.

Hecha la precisión que antecede, establecemos que en el caso materia de

consulta, se trata de un contador público vinculado familiarmente con una

asociada de la cooperativa de trabajo asociado, pues es el padre de una de ellas,

quien fue designado por dicha cooperativa como revisor fiscal, razón por la cual

se pregunta si tal condición puede considerarse causal de inhabilidad o

incompatibilidad para el ejercicio del cargo.

Al efecto, resulta pertinente analizar  el Artículo 205 del Código de Comercio,

disposición que establece:

“Art. 205. – No podrán ser revisores fiscales:

1. Quienes sean asociados de la misma compañía o de alguna

de sus subordinadas, ni en éstas, quienes sean asociados o

empleados de la sociedad matriz.

2. Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco

dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o

segundo de afinidad, o sean, consocios de los administradores

y funcionarios directivos, el cajero, auditor ó contador de la

misma sociedad, y

3. Quienes desempeñen en la misma compañía o en sus

subordinadas cualquier otro cargo.

Quien haya sido elegido como revisor fiscal, no podrá desempeñar

en la misma sociedad ni en sus subordinadas ningún otro cargo

durante el tiempo respectivo.” (Resaltado fuera del texto original)

De acuerdo con el numeral 2º de esta disposición, está vedado el ejercicio de la

revisoría fiscal a quienes tengan vinculación familiar con alguna de las personas

que desempeñen en la entidad los cargos de administradores, funcionarios

directivos, cajero, auditor ó contador,  entendiéndose que la vinculación familiar

debe surgir de matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de

consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad.

Esta limitación, contrastada con el  caso consultado, no parece presentar

coincidencia exacta, pues de los hechos relatados en la consulta no se colige que

el recientemente designado revisor fiscal, quien no es directamente asociado de

la cooperativa, esté casado o posea vínculo familiar o de afinidad con alguna de

las personas que desempeñen  en la entidad los cargos de administradores,

funcionarios directivos, cajero, auditor ó contador, lo que indicaría la inexistencia

de una inhabilidad o incompatibilidad para este contador en cuanto al ejercicio de

la revisoría fiscal analizada.

No obstante lo anterior, conviene señalar que Ley 43 de 1990, por la cual se

reglamenta la profesión del Contador Público, consagra su Título Segundo a la

regulación de las relaciones del Contador Público con los usuarios de sus

servicios, acápite que incluye la previsión del Artículo 50, disposición que

establece:

“Artículo 50. Cuando un Contador Público sea requerido para actuar

como auditor externo, Revisor  Fiscal, interventor de cuentas o

árbitro en controversia de orden contable, se abstendrá de aceptar

tal designación si tiene, con alguna de las partes, parentesco dentro

del cuarto grado de consanguinidad, primero civil, segundo de

afinidad o  si median vínculos económicos, amistad íntima o

enemistad grave,  intereses comunes o cualquier otra

circunstancia que pueda restarle independencia u objetividad  a

sus conceptos o actuaciones.” (Resaltado fuera del texto original)

Esta disposición es un desarrollo de los principios de ética aplicables al ejercicio

profesional del contador público consagrados en el Artículo 37 de la misma Ley

43, disposición que ordena:

“Artículo 37. En consecuencia, el Contador Público debe considerar

y estudiar al usuario de sus  servicios como ente económico

separado que es, relacionarlo con las circunstancias particulares de

su actividad, sean éstas internas o externas, con el fin de aplicar, en

cada caso, las técnicas y métodos más adecuados para el tipo de

ente económico y la clase de trabajo que se le ha encomendado,

observando en todos los casos, los siguientes principios básicos de

ética profesional:

 1. Integridad.

           2. Objetividad.

           3. Independencia.

           4. Responsabilidad.

           5. Confidencialidad.

           6. Observaciones de las disposiciones normativas.

           7. Competencia y actualización profesional.

           8. Difusión y colaboración.

           9. Respeto entre colegas.

          10. Conducta ética.

(...).” ((Resaltado fuera del texto original)

La misma norma define más adelante los conceptos de  “objetividad”  e

“independencia” a los cuales expresamente hace precisa referencia el precitado

Artículo 37 de la Ley 49 de 1990, los cuales comentamos enseguida:

En relación con la “Objetividad”, puntualiza el numeral 37.2:

“37.2 Objetividad. La objetividad representa ante todo imparcialidad

y actuación sin prejuicios en todos los asuntos que correspondan al

campo de acción profesional del  Contador Público. Lo anterior es

especialmente importante cuando se trata de certificar, dictaminar u

opinar sobre los estados financieros de cualquier entidad. Esta

cualidad va unida generalmente a los principios de integridad e

independencia y suele comentarse conjuntamente con esto.”

Dado que el desempeño de la revisoría fiscal implica, entre otras actividades,

dictaminar u opinar sobre los estados financieros de la entidad, quien se encargue

de ella deberá actuar con entera imparcialidad y ausencia de prejuicios como los

que, eventualmente, pueden surgir en situaciones como la que señala la consulta.

Por su parte, el numeral 37.3 señala lo que debe entenderse por la necesaria

independencia que debe primar en las actividades del revisor. El citado numeral

dispone:

“37.3 Independencia. En el ejercicio profesional, el Contador Público

deberá tener y demostrar absoluta independencia mental y de

criterio con respecto a cualquier interés que pudiere considerarse

incompatible con los principios de integridad y objetividad, con

respecto a los cuales la independencia, por las características

peculiares de la profesión contable, debe considerarse esencial y

concomitante.” ((Resaltado fuera del texto original)

Al igual que la “objetividad”, la “Independencia” es un elemento que, conforme a la

norma transcrita, el Contador Público deberá tener y demostrar. De allí que cobre

particular relevancia el sempiterno principio de “Integridad” al cual nos remite el

mismo numeral 37.2 que comentamos, principio que se encuentra definido en el

numeral 37.1 del mismo Artículo 37  de la Ley 43 de 1990 en los siguientes

términos:

“37.1 Integridad. El Contador Público deberá mantener incólume su

integridad moral, cualquiera que fuere el campo de su actuación en

el ejercicio profesional. Conforme a esto, se espera de él rectitud,

probidad, honestidad, dignidad y  sinceridad, en cualquier

circunstancia. Dentro de este mismo principio quedan comprendidos

otros conceptos afines que, sin requerir una mención o

reglamentación expresa, puedan tener relación con las normas de

actuación profesional establecidas. Tales conceptos pudieran ser los

de conciencia moral, lealtad en los distintos planos, veracidad como

reflejo de un realidad incontrastable, justicia y equidad con apoyo en

el derecho positivo.”