Oficio 107

RESPUESTA:

La misión del Consejo Técnico de la Contaduría Pública es la orientación técnico -

científica de la profesión, a partir de la  investigación científica y tecnológica en

áreas relacionadas con la ciencia contable en general, sus principios y normas,

mediante el ejercicio doctrinario y la  emisión de directrices orientadoras del

ejercicio profesional; por lo cual, cuando se contempla entre sus funciones servir

como órgano consultor del Estado y de los particulares en aspectos técnico -

científicos de la contaduría pública y del desarrollo del ejercicio profesional, tal

competencia no puede extenderse al análisis de aspectos como la interpretación

o aplicación de disposiciones cuya estirpe corresponde a los linderos, bien al

derecho civil o comercial, o al campo de la normatividad tributaria.

De suerte que, en relación con el  tratamiento que debe darse a los aportes

pagados por el comerciante en nombre de su esposa e hijos como una donación y

las eventuales consecuencias que tendría el hecho de no haberse concretado

liquidación de los sociedad conyugal,  la respuesta solicitada desborda la

competencia funcional del Consejo Técnico pues no se trata de un aspecto de

técnica contable, sino de interpretación  de disposiciones legales civiles y/o

comerciales.

Tampoco se enmarca en las posibilidades emanadas de la competencia funcional

otorgada a este Consejo, dilucidar si  la donación descrita constituye o no un

ingreso no gravado para la esposa, o si el porte correspondiente a los hijos

menores debe ser declarado por uno de sus padres, aspectos estos de estricta

raigambre tributaria que sugerimos consultar a las autoridades de impuestos.

CONSULTA 2 (Textual):

“SI UNA SOCIEDAD DE RECONOCIDO PRESTIGIO COMERCIAL VENDE SU

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO (ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS) A OTRA

SOCIEDAD Y DECIDE A SU VEZ COBRARLE UN VALOR POR CONCEPTO DE

PRIMA:

A) ¿ESTA PRIMA SE TRATA COMO MAYOR VALOR DE LOS ACTIVOS? ¿SE

TRATA COMO UN INTANGIBLE?

B) ¿SE DEBE AJUSTAR POR INFLACIÓN Y AMORTIZAR? ¿A  CUANTO

TIEMPO?

RESPUESTA:

Para absolver esta consulta es  necesario hacer primeramente algunas

precisiones: De un lado, es menester considerar la definición legal que el Código

de Comercio señala para el establecimiento de comercio en el Artículo 51, donde

se lee:

“Articulo 515.  Se entiende por establecimiento de comercio un

conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar

los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios

establecimientos de comercio, y, a su vez, un solo establecimiento

de comercio podrá pertenecer a  varias personas, y destinarse al

desarrollo de diversas actividades comerciales.” ((Resaltado fuera

del texto original)

Enseguida, el Artículo 516 del mismo  Estatuto determina los elementos que

conforman ese conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los

fines de la empresa, así:

“Articulo 516. Salvo estipulación en contrario, se entiende que

forman parte de un establecimiento de comercio:

1o) La enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de

servicios;

2o) Los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones

industriales o artísticas que se  utilicen en las actividades del

establecimiento;

3o) Las mercancías en almacén o  en proceso de elaboración, los

créditos y los demás valores similares;

4o) El mobiliario y las instalaciones;

5o) Los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el

derecho al arrendamiento de los locales en que funciona si son de

propiedad del empresario, y las indemnizaciones que, conforme a la

ley, tenga el arrendatario;

6o) El derecho a impedir la desviación de la clientela y a la

protección de la fama comercial, y

7o) Los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento, siempre que no provengan

de contratos celebrados exclusivamente en consideración al titular

de dicho establecimiento.”

Ahora bien; debe tenerse en cuenta que conforme lo señala el Artículo 517

ibídem, debe preferirse, en todo caso,  la enajenación en bloque de los

establecimientos de comercio. Al efecto, la disposición en comento señala:

“Articulo 517. Siempre que haya de procederse a la enajenación

forzada de un establecimiento de comercio se preferirá la que se

realice en bloque o en su estado de unidad económica. Si no

pudiere hacerse en tal forma, se efectuará la enajenación separada

de sus distintos elementos.

En la misma forma se procederá en caso de liquidaciones de

sociedades propietarias de establecimientos de comercio y de

particiones de establecimientos de que varias personas sean

condueñas.”

De hecho, conforme al Artículo 525 del Código de Comercio:

“Articulo 525. La enajenación de un establecimiento de comercio a

cualquier título se presume  hecha en bloque o como unidad

económica sin necesidad de especificar detalladamente los

elementos que lo integran.”

Fluye de las precedentes consideraciones que, en principio, la enajenación de un

establecimiento debe abarcar la totalidad de los bienes y derechos consagrados

en el Artículo 516 del Código de Comercio arriba trascrito, pues el legislador ha

reconocido acertadamente que el valor del establecimiento de comercio se halla

supeditado a su composición; a  los bienes que lo integran y los derechos que su

propietario ha adquirido a través del desarrollo de su actividad, de manera que,

siendo este conjunto una unidad, es esperable que la estimación del precio

acordado en la venta los incluya a todos ellos y resulte de allí una cifra total que

sirva de base única para el acuerdo.

Sin embargo, en desarrollo de la libertad contractual, es posible que se acuerden

sumas con denominación y orígenes especiales, aparte del precio básico de la

venta del establecimiento de comercio, como pueden ser las denominadas

primas, caso en el cual, a falta de mayor precisión de consultante, habrá de

establecerse el origen y destinación de dicho valor para analizar su

comportamiento. 

Por una parte, podría considerarse que la estimación de un valor a título de prima

por concepto del otorgamiento del derecho a la utilización de “la enseña o nombre

comercial y las marcas de productos y de servicios” (Num. 1º, Art. 516 del Código

de Comercio) o a la explotación de  “los derechos del empresario sobre las

invenciones o creaciones industriales o artísticas que se utilicen en las actividades

del establecimiento” (Num. 2º, ibídem), pues es posible que el vendedor sólo esté

dispuesto a permitir dicho uso de manera temporal sin enajenarlo y  a cambio del

pago de la prima en comento, caso en el cual consideramos que de realidad

económica indicaría que, al pagar este valor, el comprador no aporta al precio del

establecimiento de comercio. Sólo adquiere el derecho al uso de elementos de

propiedad intelectual y/o industrial del comerciante vendedor que, dada su

limitación temporal, deberán registrarse conforme a la regla señalada en el

Artículo 55 del Decreto 2649 de 1993, disposición que establece:

“ARTICULO 55. DIFERIDOS. Deben contabilizarse como diferidos,

los ingresos hasta que la obligación correlativa esté total o

parcialmente satisfecha y  los gastos hasta que el

correspondiente beneficio económico esté total o parcialmente

consumido o perdido.” ((Resaltado fuera del texto original)

Igualmente, resultará aplicable el Artículo 67 del mismo Decreto 2649, que

establece:

“ARTICULO 67. ACTIVOS DIFERIDOS. Deben reconocerse como

activos diferidos los recursos,  distintos de los regulados en los

artículos anteriores, que correspondan a:

1. Gastos anticipados, tales como intereses, seguros,

arrendamientos y otros incurridos para recibir en el futuro servicios

y,

2. Cargos diferidos, que representan bienes o servicios recibidos de

los cuales se espera obtener  beneficios económicos en otros

períodos. Se deben registrar como cargos diferidos los costos

incurridos durante las etapas de  organización, construcción,

instalación, montaje y puesta en marcha. Las sumas incurridas en

investigación y desarrollo pueden registrarse como cargos diferidos

únicamente cuando el producto  o proceso objeto del proyecto

cumple los siguientes requisitos:

a) Los costos y gastos atribuibles se pueden identificar separadamente;

b) Su factibilidad técnica está demostrada;

c) Existen planes definidos para su producción y venta, y

d) Su mercado futuro está razonablemente definido.

Tales sumas pueden diferirse con relación a los varios productos o

procesos en que tengan uso alternativo, siempre que cada uno de

ellos cumpla dichas condiciones.

Se debe contabilizar como impuesto diferido débito el efecto de las

diferencias temporales que impliquen el pago de un mayor impuesto

en el año corriente, calculado a tasas actuales, siempre que exista

una expectativa razonable de que se generará suficiente renta

gravable en los períodos en los  cuales tales diferencias se

revertirán.

El valor histórico de estos  activos, reexpresado cuando sea

pertinente por virtud de la inflación, se debe amortizar en forma

sistemática durante el lapso estimado de su recuperación.

Así, la amortización de los gastos anticipados se debe efectuar

durante el período en el cual se reciban los servicios.

La amortización de los cargos diferidos se debe reconocer desde la

fecha en que originen ingresos, teniendo en cuenta que los

correspondientes a organización, preoperativos y puesta en marcha

se deben amortizar en el menor  tiempo entre el estimado en el

estudio de factibilidad para su  recuperación y la duración del

proyecto específico que los originó y, que las mejoras a propiedades

tomadas en arrendamiento, cuando su costo no sea reembolsable,

se deben amortizar en el período  menor entre la duración del

respectivo contrato y su vida útil.

El impuesto diferido se debe amortizar en los períodos en los cuales

se reviertan las diferencias temporales que lo originaron.”

Igual tratamiento debe darse al caso en que se cobre una prima en relación con

los derechos surgidos de  ”los contratos de arrendamiento y, en caso de

enajenación del inmueble, el derecho  al arrendamiento de los locales en que funciona el establecimiento de comercio si son de propiedad del empresario”,

(Num. 5º, Art. 516 del Código de Comercio).

Por  otra parte, si la realidad económica del negocio indica por su esencia que se

ha producido la venta de tales derechos de propiedad intelectual y/o industrial que

implique su enajenación permanente, es claro que ellos encajen en la definición

de bienes intangibles, y resultaría aplicable el Artículo 66 del Decreto 2649 de

1993 que señala:

“ARTICULO 66. ACTIVOS INTANGIBLES. Son activos intangibles

los recursos obtenidos por un ente económico que, careciendo de

naturaleza material, implican  un derecho o privilegio oponible a

terceros, distinto de los derivados de los otros activos, de cuyo

ejercicio o explotación pueden obtenerse beneficios económicos en

varios períodos determinables,  tales como patentes, marcas,

derechos de autor, crédito mercantil, franquicias, así como los

derechos derivados de bienes entregados en fiducia mercantil.

El valor histórico de estos activos debe corresponder al monto de las

erogaciones claramente identificables en que efectivamente se

incurra o se deba incurrir para adquirirlos, formarlos o usarlos, el

cual, cuando sea el caso, se debe reexpresar como consecuencia

de la inflación.

Para reconocer la contribución  de los activos intangibles a la

generación del ingreso, se deben amortizar de manera sistemática

durante su vida útil. Esta se debe determinar tomando el lapso que

fuere menor entre el tiempo estimado de su explotación y la

duración de su amparo legal o contractual. Son métodos admisibles

para amortizarlos los de línea recta, unidades de producción y otros

de reconocido valor técnico, que sean adecuados según la

naturaleza del activo correspondiente. También en este caso se

debe escoger aquél que de mejor manera cumpla la norma básica

de asociación.

Al cierre del ejercicio se deben reconocer las contingencias de

pérdida, ajustando y acelerando su amortización."

En lo tocante a los ajustes por inflación, debemos tener en cuenta que las partidas

correspondientes a los valores que  se paguen conforme a las modalidades descritas de primas, deben considerarse  en los estados financieros y, de suyo,

sobre ellas ser aplica lo dispuesto en el Artículo 51 del Decreto 2649 de 1993,

disposición que ordena:

“ARTICULO 51. AJUSTE DE LA UNIDAD DE MEDIDA.  Los

estados financieros se deben ajustar para reconocer el efecto

de la inflación, aplicando el sistema integral.

El ajuste se debe calcular con relación a las partidas no

monetarias, utilizando para ello el PAAG anual, mensual

acumulado, o mensual, según corresponda.

Son partidas no monetarias aquellas que, por mantener su valor

económico, son susceptibles  de adquirir un mayor valor

nominal como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo

de la moneda.

Las partidas no monetarias que  a la fecha de ajuste estén

expresadas al valor actual o al valor presente, no serán objeto de

ajuste por inflación.

Los entes económicos cuyo período contable es anual y que no

deban difundir estados financieros de períodos intermedios, pueden

optar por efectuar el ajuste  de manera anual o mensual; en los

demás casos debe efectuarse en forma mensual.

Sin embargo, mediante normas especiales, el Gobierno Nacional o

las Autoridades que ejercen inspección, vigilancia o control, pueden

prescribir obligatoriamente una de tales opciones.

Se entiende por PAAG anual, el porcentaje de ajuste del año, el cual

es equivalente a la variación porcentual del índice de precios al

consumidor para ingresos medios, establecido por el Departamento

Administrativo Nacional de Estadística - DANE-, registrado entre el

1º de diciembre del año inmediatamente anterior y el 30 de

noviembre del respectivo año.  Se entiende por PAAG mensual

acumulado, la variación porcentual del índice de precios al

consumidor para ingresos medios, registrada entre el primer día del

mes en el cual se realizó el hecho económico o se registró su última

actualización y el último día del mes inmediatamente anterior a la

fecha a la cual se esté calculando el ajuste. 

Se entiende por PAAG mensual, el porcentaje de ajuste del mes, el

cual es equivalente a la variación porcentual del índice de precios al

consumidor para ingresos medios, establecido por el Departamento

Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, registrado en el mes

inmediatamente anterior al mes objeto de ajuste.

Los activos y pasivos representados en otras monedas, deben ser

reexpresados en la moneda funcional, utilizando la tasa de cambio

vigente en la fecha de cierre. Normas especiales pueden autorizar o

exigir que previamente tales elementos sean expresados en una

moneda patrón, como, por ejemplo, el dólar de los Estados Unidos

de América. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, se

entiende por tasa de cambio vigente la tasa representativa del

mercado certificada por la Superintendencia Bancaria.

Cuando se trate de partidas expresadas en UPAC o sobre las cuales

se tenga pactado un reajuste de su valor, el ajuste de la unidad de

medida se efectuará con base en la cotización de la UPAC o en el

pacto de reajuste.

Salvo lo dispuesto en las normas técnicas específicas, el ajuste de

los activos y pasivos no monetarios y el de las cuentas de resultado

se registra como un aumento en la cuenta respectiva; el de las

cuentas del patrimonio en la cuenta de revalorización del patrimonio;

la contrapartida de tales ajustes es la cuenta de corrección

monetaria en el estado de resultados.

Sobre una misma partida, por un mismo lapso, no se puede realizar

más de un ajuste.” (Resaltado fuera del texto original)

Para el caso de los ajustes por inflación de los diferidos arriba comentados, la

norma precedente deberá aplicarse en consonancia con lo dispuesto en el

Artículo 73 del citado Decreto 2649, norma que señala;

“ARTICULO 73. AJUSTE DIFERIDO. Las construcciones en curso,

los cultivos de mediano y  tardío rendimiento en período

improductivo, las empresas en período  improductivo,  los

programas  de ensanche,  que  no  estén  en  condiciones  de

generar  ingresos o  de  ser  enajenados   y  los  cargos diferidos

no  monetarios, se  deben  reexpresar  teniendo  en  cuenta  las

normas  generales de  los  ajustes  sobre  activos;  no

obstante,  el  valor correspondiente  a  la  contrapartida  del ajuste  se  debe llevar  como  un  ingreso  por  corrección

monetaria  diferida  a la  cuenta  "crédito  por corrección

monetaria  diferida",  el cual  se  debe  ir  reconociendo  como

corrección  monetaria  en las  cuentas  de  resultados  en  la  misma

proporción  en  que se  asigne  el  costo  de  tales activos.

Durante los años en que se mantenga diferido el ajuste por inflación,

la parte proporcional del ajuste sobre el patrimonio correspondiente

a dichos activos tendrá similar tratamiento, registrando el respectivo

valor en la cuenta "cargo por  corrección monetaria diferida".

(Resaltado fuera del texto original)

En este orden de ideas, en los términos anteriores se absuelve la consulta

presentada, indicando que, para hacerlo, este organismo se ciñó a la información

presentada por el consultante que los efectos de este escrito son los previstos por

el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, su contenido no

compromete la responsabilidad de este organismo, no es de obligatorio

cumplimiento o ejecución, no constituye acto administrativo y contra él no procede

recurso alguno.

 

Cordialmente,

 

 

 

MARÍA VICTORIA AGUDELO VARGAS

Presidente

MVAV/grb