Oficio 114

RESPUESTA:

Como es de todos conocido, la interpretación y aplicación de las normas que

establecen limitaciones a la capacidad de la persona, como es el caso de aquellas

que contemplan inhabilidades o incompatibilidades  para el ejercicio de cierto

cargo o actividad, es de carácter restrictivo; vale decir, que, para que resulte

aplicable, la causal que ocasione el  correspondiente impedimento debe estar

expresa y taxativamente señalada en la Ley, de manera tal que, en estos casos,

no son de recibo interpretaciones analógicas o extensivas de la norma que se

pretenda aplicar.

Hecha la precisión que antecede, establecemos que en el caso materia de

consulta, de manera que, a falta de mayor precisión en la información aportada,

partimos del supuesto de que se trata de un revisor fiscal que ejerce tal cargo en

una copropiedad en la cual obra como  administrador y representante legal una

persona que actúa en igual condición en otra copropiedad en la cual, además, el

contador es el mismo profesional designado como revisor fiscal en la copropiedad

primero citada, razón por la cual se pregunta si tal condición puede considerarse

causal de inhabilidad o incompatibilidad para el ejercicio del cargo.

Al efecto, resulta pertinente señalar  que la consulta no informa en qué tipo de

copropiedades se está presentando el caso comentado y por ende empezaremos

por considerar que en ambos casos se trata de copropiedades comerciales o

mixtas, caso en el cual le son aplicables al revisor fiscal las disposiciones

generales de todos los revisores fiscales de sociedades previstas en el Código de

Comercio. De allí que comenzaremos por analizar el Artículo 205 de este

Estatuto:

“Art. 205. – No podrán ser revisores fiscales:

1. Quienes sean asociados de la misma compañía o de alguna

de sus subordinadas, ni en éstas, quienes sean asociados o

empleados de la sociedad matriz.

2. Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco

dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o

segundo de afinidad, o sean, consocios de los administradores

y funcionarios directivos, el cajero, auditor ó contador de la

misma sociedad, y

3. Quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier otro cargo.

Quien haya sido elegido como revisor fiscal, no podrá desempeñar

en la misma sociedad ni en sus subordinadas ningún otro cargo

durante el tiempo respectivo.” (Resaltado fuera del texto original)

Está claro que el caso analizado conforme a los datos de la consulta, no coincide

con los descritos en los numerales 1º y 3º del Artículo precedente. Por su pare,

conforme al numeral 2º de esta disposición, está vedado el ejercicio de la

revisoría fiscal a quienes tengan vinculación familiar con alguna de las personas

que desempeñen en la entidad los cargos de administradores, funcionarios

directivos, cajero, auditor ó contador,  entendiéndose que la vinculación familiar

debe surgir de matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de

consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad.

Esta limitación, contrastada con el caso consultado, no presenta coincidencia

exacta, pues de los hechos relatados  en la consulta no se colige que el

profesional esté casado o posea vínculo familiar o de afinidad con alguna de las

personas que desempeñen en la entidad  los cargos de administradores,

funcionarios directivos, cajero, auditor ó contador, lo que indicaría la inexistencia

de una inhabilidad o incompatibilidad para este contador en cuanto al ejercicio de

la revisoría fiscal analizada.

No obstante lo anterior, conviene señalar que Ley 43 de 1990, por la cual se

reglamenta la profesión del Contador Público, consagra su Título Segundo a la

regulación de las relaciones del Contador Público con los usuarios de sus

servicios, acápite que incluye la previsión del Artículo 50, disposición que

establece:

“Artículo 50. Cuando un Contador Público sea requerido para actuar

como auditor externo, Revisor  Fiscal, interventor de cuentas o

árbitro en controversia de orden contable, se abstendrá de aceptar

tal designación si tiene, con alguna de las partes, parentesco dentro

del cuarto grado de consanguinidad, primero civil, segundo de

afinidad o  si median vínculos económicos, amistad íntima o

enemistad grave,  intereses comunes o cualquier otra

circunstancia que pueda restarle independencia u objetividad  a

sus conceptos o actuaciones.” (Resaltado fuera del texto original)

Esta disposición es un desarrollo de los principios de ética aplicables al ejercicio

profesional del contador público consagrados en el Artículo 37 de la misma Ley

43, disposición que ordena: 

“Artículo 37. En consecuencia, el Contador Público debe considerar

y estudiar al usuario de sus  servicios como ente económico

separado que es, relacionarlo con las circunstancias particulares de

su actividad, sean éstas internas o externas, con el fin de aplicar, en

cada caso, las técnicas y métodos más adecuados para el tipo de

ente económico y la clase de trabajo que se le ha encomendado,

observando en todos los casos, los siguientes principios básicos de

ética profesional:

 1. Integridad.

 2. Objetividad.

 3. Independencia.

 4. Responsabilidad.

 5. Confidencialidad.

 6. Observaciones de las disposiciones normativas.

 7. Competencia y actualización profesional.

 8. Difusión y colaboración.

 9. Respeto entre colegas.

 10. Conducta ética.

(...).” ((Resaltado fuera del texto original)

La misma norma define más adelante los conceptos de  “objetividad”  e

“independencia” a los cuales expresamente hace precisa referencia el precitado

Artículo 37 de la Ley 49 de 1990, los cuales comentamos enseguida:

En relación con la “Objetividad”, puntualiza el numeral 37.2:

“37.2 Objetividad. La objetividad representa ante todo imparcialidad

y actuación sin prejuicios en todos los asuntos que correspondan al

campo de acción profesional del  Contador Público. Lo anterior es

especialmente importante cuando se trata de certificar, dictaminar u

opinar sobre los estados financieros de cualquier entidad. Esta

cualidad va unida generalmente a los principios de integridad e

independencia y suele comentarse conjuntamente con esto.”

Dado que el desempeño de la revisoría fiscal implica, entre otras actividades,

dictaminar u opinar sobre los estados financieros de la entidad, quien se encargue

de ella deberá actuar con entera imparcialidad y ausencia de prejuicios como los

que, eventualmente, pueden surgir en situaciones como la que señala la consulta. 

Por su parte, el numeral 37.3 señala lo que debe entenderse por la necesaria

independencia que debe primar en las actividades del revisor. El citado numeral

dispone:

“37.3 Independencia. En el ejercicio profesional, el Contador Público

deberá tener y demostrar absoluta independencia mental y de

criterio con respecto a cualquier interés que pudiere considerarse

incompatible con los principios de integridad y objetividad, con

respecto a los cuales la independencia, por las características

peculiares de la profesión contable, debe considerarse esencial y

concomitante.” ((Resaltado fuera del texto original)

Al igual que la “objetividad”, la “Independencia” es un elemento que, conforme a la

norma transcrita, el Contador Público deberá tener y demostrar. De allí que cobre

particular relevancia el sempiterno principio de “Integridad” al cual nos remite el

mismo numeral 37.2 que comentamos, principio que se encuentra definido en el

numeral 37.1 del mismo Artículo 37  de la Ley 43 de 1990 en los siguientes

términos:

“37.1 Integridad. El Contador Público deberá mantener incólume su

integridad moral, cualquiera que fuere el campo de su actuación en

el ejercicio profesional. Conforme a esto, se espera de él rectitud,

probidad, honestidad, dignidad y  sinceridad, en cualquier

circunstancia. Dentro de este mismo principio quedan comprendidos

otros conceptos afines que, sin requerir una mención o

reglamentación expresa, puedan tener relación con las normas de

actuación profesional establecidas. Tales conceptos pudieran ser los

de conciencia moral, lealtad en los distintos planos, veracidad como

reflejo de un realidad incontrastable, justicia y equidad con apoyo en

el derecho positivo.”

No puede perderse de vista que la finalidad para la cual fue creada la Revisoría

Fiscal fue descrita por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en el

Pronunciamiento No. 7, documento en el cual expresó que esta figura surgió “para

que unos profesionales idóneos, de  aquilatada honradez, integridad y

responsabilidad, investidos de la representación permanente de los inversionistas,

la comunidad y el gobierno, les informaran regularmente cómo había sido

manejada la entidad, cómo han funcionado los controles, si los administradores

cumplen con sus deberes legales y estatutarios, y si los estados financieros

reflejan fielmente la situación financiera de la entidad y sus resultados”.

Así que la Ley concibió el ejercicio de  esta función de vigilancia en cabeza del revisor fiscal, por considerarlo un experto en esta actividad, con atributos y

aptitudes acordes a su formación profesional, a su experiencia, a su capacidad

para desenvolverse en la vida social y  establecer relación con otras personas

responsables de la administración empresarial a la cual conoce, comprende,

apoya y fiscaliza de manera objetiva, leal,  honesta, independiente, gozando

de la confianza pública con que lo ha investido el Estado, captando la

credibilidad y el respeto de la sociedad, en virtud de su aptitud vocacional y

específica para la medición, evaluación, análisis e interpretación de los hechos

económicos.

En el caso consultado, el revisor fiscal de la copropiedad comercial o mixta no se

encuentra incurso en alguna de las causales contenidas en el Código de

Comercio que taxativamente derivan  en inhabilidad o incompatibilidad para

ejercer el cargo en la entidad a pesar de desempeñarse como contador en otra

copropiedad del mismo tipo en la cual  el administrador y representante es la

misma persona, pues tal circunstancia no  se halla taxativamente señalada con

tales efectos en nuestra legislación.

Tampoco encaja en el caso sub exámine la causal de inhabilidad descrita en el

Artículo 48 de la Ley 43 de 190 que dispone:

“Articulo 48.  El Contador Público no podrá prestar sus servicios

profesionales como asesor, empleado o contratista a personas

naturales o jurídicas a quienes haya auditado o controlado en su

carácter de funcionario público o Revisor Fiscal. Esta prohibición se

extiende por el termino de un año contado a partir de la fecha de su

retiro de su cargo.”

No resulta aplicable esta inhabilidad  a nuestro caso, puesto que el profesional

cuestionado no pretende prestar sus servicios profesionales como asesor,

empleado o contratista a personas naturales o jurídicas a quienes haya auditado o

controlado en su carácter de funcionario público o Revisor Fiscal, pues como se

relata en la consulta, sus servicios se presta en entes económicos distintos.

Sin embargo, en opinión del Consejo Técnico, el análisis del problema no debe

limitarse a la escueta exégesis de  las normas que describen causales de

inhabilidad o incompatibilidad, de manera que cuando la  cercanía o vinculación

con alguna persona perteneciente a la entidad revisada pueda nublar la

objetividad o la independencia del revisor fiscal, este organismo estima que el

contador deberá acudir a una interpretación sistemática de las normas y, con

base en ella, deberá considerar con seriedad y ponderación si debe dar inmediata

aplicación al precepto del Artículo 50  de la Ley 43 de 1990 (Página  analizado arriba, en el sentido de abstenerse de aceptar tal designación.

Para reforzar el argumento que antecede, es oportuno citar lo establecido en el

Artículo 65 de la Ley 675 de 2001, “Por la cual se expide el régimen de propiedad

horizontal”, disposición que prevé que los conjuntos de uso comercial o mixtos

deben tener revisor fiscal, el cual ha  de ser contador público con matrícula

profesional vigente e inscrito a la Junta Central de Contadores, elegido por la

asamblea general de propietarios y aclara puntos relevantes relativos a las

inhabilidades en este tipo de entidades. El citado Artículo señala:

“ARTÍCULO 56. OBLIGATORIEDAD. Los conjuntos de uso

comercial o mixto estarán obligados a contar con Revisor Fiscal,

contador público titulado, con matrícula profesional vigente e inscrito

a la Junta Central de Contadores, elegido por la asamblea general

de propietarios.

El Revisor Fiscal no podrá ser propietario o tenedor de bienes

privados en el edificio o conjunto respecto del cual cumple sus

funciones, ni tener parentesco hasta el cuarto grado de

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni

vínculos comerciales, o cualquier otra circunstancia que pueda

restarle independencia u objetividad a sus conceptos o

actuaciones, con el administrador y/o los miembros del consejo

de administración, cuando exista.

Los edificios o conjuntos de uso residencial podrán contar con

Revisor Fiscal, si así lo decide la asamblea general de propietarios.

En este caso, el Revisor Fiscal podrá ser propietario o tenedor de

bienes privados en el edificio o conjunto.” (Los resaltados no hacen

parte del texto original)

Ahora bien; para el caso de edificios  o unidades inmobiliarias cerradas de uso

exclusivamente residencial, se determina la potestad de la asamblea general de

propietarios para crear dicho cargo, de suerte que, como lo ha señalado el

Consejo Técnico en su orientación Profesional 07, en los entes jurídicos de

propiedad horizontal y de unidades inmobiliarias cerradas, que no sean

comerciales o mixtas, el Revisor Fiscal queda excluido sólo de las inhabilidades o

incompatibilidades especiales; es decir, podrá ser propietario o tenedor de bienes

privados en el edificio o  conjunto, pero igualmente deberá ser Contador Público

titulado y no incumplir las demás inhabilidades o incompatibilidades determinadas

por las normas legales y profesionales (artículos 48 a 50 de la Ley 43 de 1990),

que le permitan una completa independencia y objetividad en su labor, de lo cual fluye que en estos casos será igualmente aplicable el mecanismo previsto en el

Artículo 50 de la Ley 43 de 1990 que arriba se comentó.

En este orden de ideas, en los términos anteriores se absuelve la consulta

presentada, indicando que, para hacerlo, este organismo se ciñó a la información

presentada por el consultante que los efectos de este escrito son los previstos por

el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, su contenido no

compromete la responsabilidad de este organismo, no es de obligatorio

cumplimiento o ejecución, no constituye acto administrativo y contra él no procede

recurso alguno.

Cordialmente,

 

 

 

MARÍA VICTORIA AGUDELO VARGAS

Presidente

 

MVAV/grb