Oficio 122

4.- ¿EL REVISOR FISCAL DICE QUE SE LE CAMBIO LA DESTINACIÓN DE LA

COPROPIEDAD PORQUE ESTAMOS ALQUILANDO ESTOS MUROS COMUNES, CON

EL FIN DE OBTENER MAS RECURSOS O INGRESOS A LA COPROPIEDAD, ES DE

TENER EN CUENTA QUE ESTOS AVISOS SON PINTADOS, NO ESTORBAN A NADIE,

CUAL ES SU OPINIÓN?

5.- ¿EL REVISOR FISCAL PUEDE HACER QUITAR ESTOS AVISOS?

6.- ¿EL REVISOR FISCAL PUEDE DENUNCIAR A LA ADMINISTRACIÓN POR MAL

MANEJO?

7.- ¿EL REVISOR FISCAL SE BASA EN LA NORMA DEL CODIGO CIVIL, QUE NO LA

CONOCEMOS,  Y NOS OBLIGA A QUE ES EL QUE EL QUE VELA POR LOS

COPROPIETARIOS Y SEGÚN LA NORMA, DICE EL, ESTO ESTA VIOLENTANDO EN

USO O DESTINACIÓN DE LA COPROPIEDAD, ADEMÁS ES UN MURO LINDERO Y

QUE NO SE PUDE TOCAR?”

RESPUESTA:

La misión del Consejo Técnico de la Contaduría Pública es la orientación técnico -

científica de la profesión, a partir de la investigación científica y tecnológica en áreas

relacionadas con la ciencia contable en general, sus principios y normas, mediante el

ejercicio doctrinario y la emisión de directrices orientadoras del ejercicio profesional.

Es por ello que cuando se contempla entre sus funciones servir como órgano

consultor del Estado y de los particulares en aspectos técnico - científicos de la

contaduría pública y del desarrollo del ejercicio profesional,  tal competencia no

puede extenderse a la emisión de conceptos o juicios de valor sobre actuaciones

nacidas particulares desarrolladas por un  profesional en ejercicio del cargo de

Revisor Fiscal ni calificar la legalidad o conveniencia de sus actuaciones o sobre las

apreciaciones contenidas en sus informes, tal como se solicita en los interrogantes 3,

4 y 7 de la consulta.

De suerte que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en cumplimiento de las

funciones que le son propias y en ejercicio de sus competencias institucionales,

orienta y emite conceptos en forma general y abstracta, los cuales no se constituyen

en actos administrativos sino en respuestas a consultas de los ciudadanos o de

personas jurídicas de derecho público o privado para la aclaración personal de sus

incertidumbres sobre temas relacionados  con los principios de contabilidad y su aplicación y las normas y procedimientos de Auditoría.

1

Ahora bien; para absolver los otros interrogantes planteados en la consulta,

debemos comenzar por analizar las funciones que la Ley ha asignado al Revisor

Fiscal, punto sobre el cual el artículo 57 de la Ley 675 de 2001 determina que los

Revisores Fiscales de las unidades inmobiliarias cerradas  de propiedad horizontal

comerciales o mixtas que están obligadas a tener este cargo, deben cumplir las

funciones establecidas en la Ley 43 de 1990 o las disposiciones que la modifiquen,

reglamenten o complementen.

Por su parte, debemos tener en cuenta que la Ley 675 de 2001 no establece

funciones específicas para los Revisores Fiscales, por lo cual debemos remitirnos a

las señaladas por el artículo 207 del Código comercio. En tal virtud, quien ejerce este

cargo, debe realizar funciones de fiscalización integral que, conforme a la norma

citada incluyen:

“ART. 207.-Son funciones del revisor fiscal:

1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por

cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos,

a las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva.

2. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a

la junta directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades

que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de

sus negocios.

3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la

inspección y vigilancia de las compañías, y rendirles los informes a que

haya lugar o le sean solicitados.

4. Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y

las actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la

junta directiva, y por que  se conserven debidamente la

correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas,

impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.

5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que

se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de

los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título.

6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los

informes que sean necesarios para  establecer un control permanente

sobre los valores sociales.

7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su

dictamen o informe correspondiente.

8. Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones

extraordinarias cuando lo juzgue necesario.

9. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los

estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le

encomiende la asamblea o junta de socios.

PAR.-En las sociedades en que sea meramente potestativo el cargo de

revisor fiscal, éste ejercerá las funciones que expresamente le señalen

los estatutos o las juntas de socios, con el voto requerido para la

creación del cargo; a falta de estipulación expresa de los estatutos y de

instrucciones concretas de la junta de socios o asamblea general,

ejercerá las funciones indicadas en este artículo. No obstante, si no es

contador público, no podrá autorizar con su firma balances generales,

ni dictaminar sobre ellos.”

Como puede observarse, ninguna de las funciones que la Ley le otorga al Revisor

Fiscal encaja en las descritas en las preguntas 1, 2 y 5 de la consulta, de suerte que

la realización de actividades que exceden el ámbito de las atribuciones otorgadas al

Revisor Fiscal, particularmente en cuanto  atañen con las funciones propias de los

órganos encargados de la administración  del ente económico, constituyen, en

opinión del Consejo Técnico excesos que no corresponden a la finalidad real de la

institución de la Revisoría Fiscal.

No en vano el Artículo 213 del Código de Comercio señala como derechos del

Revisor Fiscal frente al ente económico que revisa:

ART. 213.-El revisor fiscal tendrá derecho a intervenir en las

deliberaciones de la asamblea o de la junta de socios, y en la de juntas

directivas o consejos de administración, aunque sin derecho a voto,

cuando sea citado a éstas. Tendrá así mismo derecho a inspeccionar

en cualquier tiempo los libros de  contabilidad, libros de actas, correspondencia, comprobantes de las cuentas y demás papeles de la

sociedad. (Resaltado no presente en el texto original)

De la expresión “sin derecho a voto”, se colige que la participación del Revisor Fiscal

en estas reuniones, como en toda su actividad, no puede confundirse con la de los

administradores quienes sí gozan del  poder decisorio que se le ha vedado

expresamente a este profesional. A su turno, mediante la expresión  “cuando sea

citado a éstas”, se deja claro que es una opción de los miembros de de las juntas

directivas o asambleas contar con la presencia del Revisor Fiscal, quien si bien

podrá expresar sus opiniones en ejercicio del derecho a voz que la norma le

confiere, no podrá participar con su voto al momento de tomar las decisiones materia

de análisis en la correspondiente sesión.

Así que el revisor fiscal que sea citado  a las sesiones de las asambleas de

accionistas o juntas de socios, para ejercer el derecho que le asiste de intervenir con

voz pero sin voto en ellas, deberá hacerse presente en la reunión, en el entendido de

que su actividad en estas sesiones se limita a expresar sus opiniones y entregar las

informaciones que los miembros del organismo le soliciten, sin que por esta

circunstancia pueda considerarse que el revisor fiscal coadministra.

Estos asertos se ratifican al analizar lo dispuesto por el Artículo 41 de la Ley 43 de

1990, disposición que meridianamente señala:

“Artículo 41. El Contador Público en el ejercicio de las funciones de

Revisor Fiscal y/o auditor externo, no es responsable de los actos

administrativos de las empresas  o personas a las cuales presta

sus servicios.” (Resaltado no presente en el texto original)

En este punto, aparece la relevancia de mencionar un aspecto de singular

importancia en el ejercicio de la Revisoría Fiscal, cual es la responsabilidad que

puede deducirse en cabeza de quien desempeña este cargo. En efecto, el Revisor

Fiscal está sometido a responder, si la conducta, por acción u omisión, lo amerita y

por las consecuencias de su conducta, habida cuenta de que estas

responsabilidades se clasifican en disciplinarias, contravencionales, civiles y

penales, y conforme a la circunstancias particulares y concretas que se puedan

presentar en cada caso, será indispensable considerar la eventual aplicación de las

mismas, teniendo en cuenta lo siguiente:

¬ Las responsabilidades disciplinarias se originan por la infracción de las normas

de ética profesional previstas especialmente en la Ley 43 de 1990 y son

sancionadas por la Junta Central  de Contadores con  castigos que pueden

consistir en amonestaciones, multas, suspensión o cancelación de la inscripción profesional.

¬ Se incurre en responsabilidad contravencional por violación de la Ley cuando tal

conducta se tipifica como contravención y no como delito. Son sancionadas por

los organismos de inspección, vigilancia o control, como las superintendencias, la

administración tributaria, etc., y las sanciones consisten en multas, remoción del

cargo o interdicción para el ejercicio de la profesión.

¬ Las responsabilidades civiles se originan como consecuencia de hechos u

omisiones originadas en culpa o negligencia relacionados con el ejercicio de la

revisoría fiscal que causen daños al ente económico, sus propietarios o a

terceros, quines deben ser indemnizados patrimonialmente, siendo la justicia civil

la encargada de determinar tales responsabilidades, los eventuales

resarcimientos de perjuicios y sus respectivas cuantías.

¬ La responsabilidad penal se genera por violación de la Ley en materias que han

sido tipificadas como delito por las normas legales, en relación con el ejercicio del

cargo de Revisor Fiscal, siendo necesario que tal conducta sea intencionada o

culposa. Las sanciones son las previstas como pena para el respectivo delito,

normalmente representadas en  privación de la libertad. La competencia para

conocer de estas conductas está en cabeza de la justicia penal.

En relación con el interrogante distinguido con el número 6 en la consulta en el

sentido de establecer si el Revisor Fiscal puede denunciar a la administración por

mal manejo, encontramos que sobre este particular resulta aplicable el Artículo 70 de

la Ley 43 de 1990, disposición que establece:

“Artículo 70. — Para garantizar la confianza pública en sus

certificaciones, dictámenes u opiniones, los Contadores Públicos

deberán cumplir estrictamente las disposiciones legales y profesionales

y proceder en todo tiempo en forma veraz, digna, leal y de buena fe,

evitando actos simulados, así como prestar su concurso a operaciones

fraudulentas o de cualquier otro tipo que tiendan a ocultar la realidad

financiera de sus clientes, en perjuicio de los intereses del Estado o del

patrimonio de particulares, sean estas personas naturales o jurídicas.”

De la norma precedente se colige que, si bien no se ha consagrado específicamente

para los Revisores Fiscales la obligación de denunciar las irregularidades, más allá

de la obligación que en tal sentido pesa sobre todos los particulares, su actividad

debe enderezarse en todo momento a proteger el interés general de los particulares

y el Estado, con lo cual queda investido de la facultad de ejercer las acciones que

estime conducentes a reestablecer las situaciones que pudieren haberse presentado y que lleguen a su conocimiento en desarrollo de sus actividades, con miras a

propender por el cumplimiento cabal del ordenamiento jurídico.

Adicionalmente, en tratándose en particular de hechos de los cuales tenga

conocimiento cometidos por otros profesionales de la contaduría pública,

encontramos el Artículo 55 de la misma Ley 43 de 1990, que ordena:

“Artículo 55.  Cuando el Contador Público tenga conocimiento de

actos que atenten contra la ética profesional, cometidos por

colegas, está en la obligación de hacerlo saber a la Junta Central

de Contadores, aportando en cada caso las pruebas suficientes.”

(Resaltado no presente en el texto original)

Adicionalmente a lo expuesto en este escrito, es importante poner de presente a la

consultante que, en caso de considerar que existen razones y pruebas de peso que

permitan deducir una eventual responsabilidad de las personas que intervinieron en

los hechos relatados, exhortamos a la consultante a elevar ante la Junta Central de

Contadores los procesos disciplinarios a que pudiere haber lugar o, ante las demás

autoridades competentes, en caso de que se estime que la infracción pueda

alcanzar connotaciones ulteriores.

En este orden de ideas, en los términos anteriores se absuelve la consulta

presentada, indicando que, para  hacerlo, este organismo se ciñó a la información

presentada por el consultante que los efectos de este escrito son los previstos por el

artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, su contenido no compromete la

responsabilidad de este organismo, no es de obligatorio  cumplimiento o ejecución,

no constituye acto administrativo y contra él no procede recurso alguno. 

Cordialmente,

 

 

MARÍA VICTORIA AGUDELO VARGAS

Presidente

 

MVAV/grb