Oficio 125

La información contable tiene dentro de  sus objetivos según el Artículo 3 del

Decreto Reglamentario 2649 de 1993 el “Conocer y demostrar los recursos

controlados por un ente económico, las obligaciones que tenga de transferir

recursos a otros entes, los cambios que hubieren experimentado tales recursos

y el resultado obtenido en el período”, por esto la información debe ser útil tal

como lo indica el artículo 4 del mismo Decreto, y es útil “cuando es pertinente y

confiable; la información es pertinente cuando posee valor de realimentación,

valor de predicción y es oportuna.

La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la

cual represente fielmente los hechos económicos.”  (las negrillas son

nuestras).

A su vez el  artículo 18 (ibídem), manifiesta por su parte, que la contabilidad

debe diseñarse teniendo en cuenta las limitaciones razonablemente impuestas

por las características y prácticas de cada actividad, tales como la naturaleza

de sus operaciones.

El  artículo 11 del mismo decreto, manifiesta, que los recursos y hechos

económicos deben ser reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia o

realidad económica y no únicamente en su forma legal.

Ahora bien, tal como se desprende del escrito, se sabe que los consultantes no

tenían libros contables, por lo que su información no cumple con las cualidades

que se describieron del artículo 4 mencionado, por ello, sería prudente el

pensar en reconstruir la información contable, dado que las entidades sin

ánimo de lucro, están obligadas por el artículo 2 del Decreto 2500 de 1986 a

llevar contabilidad.

El artículo en mención contempla que

“A partir del 1o. de enero de 1987, las entidades sin ánimo de

lucro, con excepción de las entidades de derecho público, Juntas

de Acción Comunal, Juntas de  Defensa Civil y entidades

previstas en el artículo 5o. del presente decreto, deberán llevar

libros de contabilidad y registrarlos en las oficinas de la

Administración de Impuestos  Nacionales que corresponde a su

domicilio”.

Dado lo anterior, este tipo de entidades en cumplimiento del artículo 2 del

Decreto 2649 de 1993 están también obligadas a aplicar la normatividad

vigente en materia contable contenidas en el mismo decreto y en otras normas

que lo adicione, modifique o sustituya.

Reafirmando lo dicho anteriormente  el artículo 45 de la Ley 190 de 1995

“CONTROL SOBRE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO” expresa:  “De

conformidad con la reglamentación que al efecto expida el Gobierno Nacional,

todas las personas jurídicas y personas naturales que cumplan con los

requisitos señalados en el reglamento deberán llevar contabilidad de acuerdo

con los principios generalmente aceptados...”.

Por todo lo anterior, esta entidad deberá manejar su contabilidad de acuerdo

con los principios contables vigentes y aplicarlos para todas sus operaciones, la

cual incluye lógicamente la donación recibida.

En este orden de ideas,  en el año 2001, una vez se legalizó la posesión del

bien, el valor del bien para efectos del registro contable de esta planta recibida

en donación debió ser calculado de acuerdo con lo estipulado en al artículo 10

del Decreto Reglamentario 2649 de 1993 el cual expresa que “con sujeción a

las normas técnicas, son criterios de medición aceptados el valor histórico, el

valor actual, el valor de realización y el valor presente”. A partir de esta fecha la

depreciación de esta planta debe calcularse con base en su vida útil estimada

de acuerdo con los métodos de reconocido valor técnico que presenta el

artículo 64 del decreto citado como son: “línea recta, suma de los dígitos de los

años, unidades de producción u horas de trabajo, entendiendo que debe

utilizarse aquel método que mejor cumpla la norma básica de asociación.”

El concepto de depreciación , entendido como la contribución de los activos a

la generación del ingreso, y contemplado en el mismo artículo 64 del Decreto

2649 de 1993, representa un menor valor del activo generado por el uso y

deterioro que sufren los bienes durante su vida útil, por lo anterior y en relación

con la planta objeto de la consulta, es necesario que el valor correspondiente a

la depreciación de esta planta debe ser tratado como un costo inherente a la

prestación del servicio y no como un gasto, teniendo en cuenta las definiciones

que de una y otra parte hacen los artículos 39 y 40 respectivamente del

Decreto reglamentario 2649 de 1993.

De otra parte, se debe entender que la depreciación de la planta genera un

menor valor de las utilidades obtenidas por la asociación del acueducto, pero

en términos financieros este menor valor debe tomarse como un ahorro para la

futura reposición de la misma. 

En los términos anteriores se absuelve la consulta presentada, indicando que

para hacerlo, este organismo se ciño  a la información presentada por el

consultante, que su texto fue debatido y aprobado en sesión del 4 de abril de

2006 y que los efectos de este escrito son los previstos por el artículo 25 del

Código Contencioso Administrativo, no  compromete la responsabilidad de la

entidad que la atiende, no es de obligatorio cumplimiento o ejecución, no

constituye acto administrativo y contra ella no procede recurso alguno.

 

Cordialmente,

 

 

MARIA VICTORIA AGUDELO VARGAS

Presidente

 

MVAV/jrpr