Obligación de nombrar revisor fiscal con base en el ingreso bruto. Estaciones de servicio para expendio de combustible.
En desarrollo de lo previsto en el Artículo 23 de la Resolución 002 de 2005 expedida por el Consejo Técnico de Contaduría Pública y cumplido el trámite previsto en esta disposición, respondemos su consulta de la referencia, en la cual se plantea:
PREGUNTA TEXTUAL:
“DE ACUERDO AL PARÁGRAFO 2º DEL ART. 13 DE LA LEY 43 DE 1990 ES OBLIGATORIO TENER REVISOR FISCAL EN TODAS LAS SOCIEDADES COMERCIALES, DE CUALQUIER NATURALEZA, CUYOS ACTIVOS BRUTOS A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR SEAN O EXCEDAN EL EQUIVALENTE A CINCO MIL SALARIOS MINEMOS Y/O CUYOS INGRESOS BRUTOS, DURANTE EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR SEAN O EXCEDAN AL EQUIVALENTE A TRES MIL SALARIOS MÍNIMOS. LA DUDA SURGE DEBIDO A QUE EL EL ARTÍCULO 38 DEL DECRETO 2649 DE 1993 ESTÁ DEFINIDA TAN SOLO LA NOCIÓN DE INGRESO, COMO ENTRADAS DE RECURSOS EN FORMA DE INCREMENTO DE ACTIVOS O DISMINUCIÓN DE PASIVOS O UNA COMBINACIÓN DE AMBOS, QUE GENERAN INCREMENTOS EN EL PATRIMONIO, SIN MENCIONAR EN NINGÚN MOMENTO EL CONCEPTO DE INGRESO BRUTO, AL QUE HACE
REFERENCIA EL PARÁGRAFO 2º. DEL ART. 13 DE LA LEY 43 DE 1990.
REVISANDO LA LEGISLACIÓN VIGENTE PARA LAS ESTACIONES DE SERVICIO, ENCONTRAMOS QUE EN EL ART. 10 DE LA LEY 26 DE 1989, ESTÁ DEFINIDO EL INGRESO BRUTO PARA ESTE TIPO DE ENTIDADES ASÍ: PARA TODOS LOS EFECTOS FISCALES SE ESTIMAN INGRESOS BRUTOS DEL DISTRIBUIDOR MINORISTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO, POR VENTA DE ELLOS, QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL RESPECTIVO MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN SEÑALADO POR EL GOBIERNO, POR EL NÚMERO DE GALONES VENDIDOS, RESTÁNDOLE EL PORCENTAJE DE MARGEN DE PÉRDIDA POR EVAPORACIÓN". LO CUAL SIGNIFICA QUE EN NINGÚN MOMENTO SE TOMA EL TOTAL DE LA VENTAS FACTURADAS POR LA ESTACIÓN DE SERVICIO COMO INGRESO BRUTO.
ESTA TESIS ESTÁ RATIFICADA POR EL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LA CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA SEGÚN PROVIDENCIA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2002, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 13126 REF: 0500123150001998179501. PARA EMITIR ESTE FALLO LA SALA SE BASÓ EN QUE LOS INGRESOS BRUTOS PARA LAS ESTACIONES DE SERVICIO SE CALCULAN EN FORMA DIFERENTE, DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL ART.10 DE LA LEY 26 DE 1989.
TENIENDO EN CUENTA QUE LA LABOR DE LA REVISORÍA FISCAL COMO SU NOMBRE BIEN LO INDICA, ES FISCALIZADORA, MEDIANTE EL ANÁLISIS, CONTROL VIGILANCIA E INSPECCIÓN PERMANENTE SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES Y PATRIMONIO DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO DE LOS LIBROS Y ARCHIVOS DE LA MISMA, Y CONSIDERANDO QUE ESTA ES UNA DE LAS FIGURAS DE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA, ME HE CIRCUNSCRITO ÚNICAMENTE A NUESTRA LEGISLACIÓN PARA HACER EL ANÁLISIS ANTES EXPUESTO Y CONCLUIR QUE EN EL CASO DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO, LOS INGRESOS BRUTOS SE CALCULAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 10 DE LA LEY 26 DE 1989, PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA OBLIGATORIEDAD DE TENER REVISOR FISCAL”.
RESPUESTA:
La razón de ser de la Revisoría Fiscal, radica precisamente en la necesidad de dar seguridad tanto a los socios como a terceros del adecuado manejo de los recursos de la sociedad y que las actividades de la administración se sujeten a las normas legales y estatutarias, lo cual imprime confianza en los actos que ésta ejecute, ya
que lo que se busca con ésta figura es evitar que se lleven a cavo irregularidades en detrimento de la sociedad, de los accionistas o de terceros.
Pensando en esto, el legislador colombiano, sabio en su entender, crea la figura del revisor fiscal, estableciéndola como obligatoria en las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras y finalmente en las sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no menos del veinte por ciento del capital (Artículo 203 del Código de Comercio).
Ahora bien, con base en lo expuesto dentro de la consulta, es preciso aclarar que el artículo 10 de la Ley 26 de 1989, es claro al disponer que “para todos los efectos fiscales se estiman ingresos brutos del distribuidor minorista de combustibles líquidos y derivados del petróleo, por venta de ellos, que resulten de multiplicar el respectivo margen de comercialización señalado por el gobierno, por el número de galones vendidos, restándole el porcentaje de margen de pérdida por evaporación". (Resaltado fuera texto).
Como se evidencia, se trata de una norma de carácter especial cuyo ámbito de aplicación está determinado para asuntos de tipo fiscal, y en ese sentido deberá entenderse, sin atribuirle efectos contables, pues como se ha reseñado, el Código de Comercio establece los tipos de sociedades obligadas a nombrar revisor fiscal; y para tal efecto, se debe atender a lo preceptuado en el parágrafo 2° del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, el cual establece que “será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos”.
La formula señalada en la norma tributaria aplica para efectos de determinar los ingresos sobre los cuales el ente económico deberá calcular los impuestos. Por lo tanto si el ente, en el caso que nos ocupa, obtuvo ingresos superiores a los tres mil salarios mínimos por el ejercicio cortado en 31 de diciembre, se encuentra dentro de los parámetros para que la reunión ordinaria del máximo órgano social, en la que aprueben los estados financieros de fin del ejercicio, dentro de los temas a tratar se involucre el del nombramiento del revisor fiscal principal y su suplente.
En los términos anteriores se absuelve la consulta presentada, indicando que sus efectos son los previstos por el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, no compromete la responsabilidad de la entidad que la atiende, no es de obligatorio cumplimiento o ejecución, no constituye acto administrativo y contra ella no procede recurso alguno.
Cordialmente,
JAIME LEÓN GÓMEZ
Presidente (E)
Consejo Técnico de la Contaduría Pública.
HAA/CPSC