Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Concepto 0085

maria.pilar — Fri, 17 Jul 2026 16:23:12 +0000

Concepto 0085

Tipo de norma

Concepto

maria.pilar Vie, 17/07/2026 - 11:23

Número

0085

Entidad emisora

Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Fecha

2026-04-17

Título

Oportunidad en la entrega del dictamen del revisor fiscal

Subtítulo

Concepto 0085

17-04-2026

Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Bogotá, D.C.,

REFERENCIA:
No. del Radicado	1-2026-010477
Fecha de Radicado	27 de marzo de 2026
No. Radicación CTCP	2026-0085
Tema	Oportunidad en la entrega del dictamen del revisor fiscal

CONSULTA (TEXTUAL)

“(…) ¿El dictamen del revisor fiscal debe ser puesto a disposición de los accionistas o asociados de manera previa a la celebración de la asamblea, dentro del término de convocatoria, o es procedente su presentación en la misma sesión de la asamblea en la que se somete a consideración los estados financieros? (…)”

RESUMEN:

El dictamen del revisor fiscal debe ponerse a disposición de los accionistas o asociados con la antelación prevista en el numeral 5 del artículo 446 del Código de Comercio, dentro del término del derecho de inspección y junto con los estados financieros y demás documentos que serán sometidos a consideración del máximo órgano social. En consecuencia, su presentación en la reunión de la asamblea de accionistas o junta de socios no sustituye la obligación de garantizar el acceso previo a esta información, sin perjuicio de que el dictamen sea expuesto o explicado formalmente durante la respectiva sesión.

CONSIDERACIONES Y CONCEPTO

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), en su calidad de organismo permanente de normalización técnica de Normas de Contabilidad, Información Financiera y Aseguramiento de la Información, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y conforme a las disposiciones legales vigentes, principalmente las contempladas en la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009 y los decretos que las desarrollan, procede a dar respuesta a la consulta de manera general, sin pretender resolver casos particulares, en los siguientes términos:

El artículo 34 de la Ley 222 de 1995 establece que “al cierre de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciembre, las sociedades deberán cortar sus cuentas y preparar y difundir estados financieros de propósito general, debidamente certificados. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspondiente, si ésta existiere”. Resaltado propio

El artículo 48 de la misma ley consagra el derecho de inspección, en virtud del cual los socios pueden examinar los libros y papeles de la sociedad dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la reunión en que se vayan a aprobar los estados financieros. En concordancia con lo anterior, el artículo 446 del Código de Comercio dispone que los estados financieros, junto con los informes correspondientes, dentro de los cuales se incluye el dictamen del revisor fiscal, deben ponerse a disposición de los accionistas o asociados con una antelación mínima de quince (15) días hábiles.

En este contexto, el dictamen del revisor fiscal debe estar disponible dentro de dicho término, junto con los estados financieros y demás documentos que serán sometidos a consideración del máximo órgano social. Por lo tanto, su presentación en la reunión de la asamblea de accionistas o junta de socios no sustituye la obligación de garantizar el acceso previo a esta información en ejercicio del derecho de inspección, sin perjuicio de que sea expuesto, explicado o discutido durante la respectiva sesión.

En los términos expuestos, se absuelve la consulta, señalando que este organismo se ha basado exclusivamente en la información proporcionada por el peticionario. Los efectos de este concepto se encuentran enunciados en el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011.

Cordialmente,

JAIRO ENRIQUE CERVERA RODRÍGUEZ

Presidente Ad Hoc CTCP

Concepto 0163

maria.pilar — Fri, 17 Jul 2026 15:17:17 +0000

Concepto 0163

Tipo de norma

Concepto

maria.pilar Vie, 17/07/2026 - 10:17

Número

0163

Entidad emisora

Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Fecha

2026-06-04

Título

Firma del revisor fiscal en informes presupuestales

Archivo

CONCEPTO 0163.pdf463.37 KB

Concepto 0090

maria.pilar — Fri, 17 Jul 2026 15:11:06 +0000

Concepto 0090

Tipo de norma

Concepto

maria.pilar Vie, 17/07/2026 - 10:11

Número

0090

Entidad emisora

Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Fecha

2026-05-04

Título

Devoluciones en ventas – Exportaciones

Concepto 0090

04-05-2026

Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Bogotá, D.C.,

Señor (a)

REFERENCIA
No. del Radicado	1-2026-011171
Fecha de Radicado	1 de abril de 2026
Nº de Radicación CTCP	2026-0090
Tema	Devoluciones en ventas – Exportaciones

CONSULTA (TEXTUAL)

“(…) me permito elevar la siguiente consulta relacionada con la aplicación de los marcos técnicos normativos vigentes en Colombia, particularmente en lo referente al reconocimiento de ingresos conforme a la NIIF 15 y la NIIF para las PYMES.

1. Hechos

Una persona natural desarrolla actividades de cultivo y venta de banano a comercializadoras internacionales (C.I.) con fines de exportación.

La dinámica comercial es la siguiente:

La comercializadora internacional solicita semanalmente la preparación de pallets para exportación.
El productor entrega los pallets a la C.I. una semana antes del embarque.
Posteriormente, la C.I. emite una liquidación con base en la Tasa Representativa del Mercado (TRM), descontando conceptos como transporte, porteo e insumos.
Con base en dicha liquidación, el productor emite la factura electrónica por el valor total indicado.
El pago se realiza en la semana siguiente.

En un caso particular (semana 40), la C.I. informó que la mercancía fue rechazada por el cliente en el exterior por incumplimiento en especificaciones de peso. Debido a la naturaleza perecedera del producto, no fue posible la devolución física de los bienes.

La C.I. asumió los costos asociados (transporte, fletes, etc.) y posteriormente trasladó dichos costos al productor, aplicando descuentos en facturaciones futuras hasta recuperar el valor total de las pérdidas.

Adicionalmente, la C.I. exige la emisión de una nota crédito por el valor del reclamo.

2. Consideraciones contables previas

El ingreso fue reconocido en su momento conforme a los criterios de transferencia de riesgos y beneficios establecidos en la normativa aplicable.
Los bienes no retornaron al inventario del productor.
No existía una condición explícita de devolución o ajuste en el precio al momento de la venta.
El hecho que origina el ajuste ocurre con posterioridad al reconocimiento del ingreso.

3. Problemática

Se requiere determinar el tratamiento contable adecuado de los valores descontados por la C.I., particularmente en relación con las siguientes alternativas:

1. Si corresponde tratar la operación como una devolución en ventas (menor valor del ingreso).

2. Si corresponde reconocer un descuento comercial o ajuste al precio de la transacción.

3. Si se trata de un caso de contraprestación variable que implique el reconocimiento de un pasivo por reembolso conforme a la NIIF 15.

4. O si, por el contrario, corresponde reconocer una reclamación por calidad como un gasto o provisión independiente, en los términos de la NIC 37.

4. Preguntas específicas

1. ¿Debe el valor descontado por la comercializadora internacional tratarse como un menor valor del ingreso (afectando ventas) o como un gasto independiente?

2. En caso de que no exista devolución física de los bienes y los riesgos y beneficios hayan sido transferidos, ¿es procedente emitir una nota crédito que afecte el ingreso previamente reconocido?

3. ¿Puede considerarse este tipo de ajuste como contraprestación variable en los términos de la NIIF 15, aun cuando la incertidumbre surge con posterioridad a la venta?

4. ¿Es técnicamente adecuado reconocer una provisión conforme a la NIC 37 cuando exista evidencia del reclamo, aun cuando este no haya sido aceptado por el productor?

5. Desde la perspectiva de presentación de estados financieros, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado para reflejar la sustancia económica de este tipo de transacciones?

5. Finalidad de la consulta

La presente consulta tiene como finalidad asegurar la correcta aplicación de los principios de reconocimiento, medición y presentación de la información financiera, en concordancia con el principio de esencia sobre forma y evitando distorsiones en los ingresos del periodo. (…)”

RESUMEN:

En operaciones de exportación donde el precio final está sujeto a liquidación por parte de una comercializadora internacional, los rechazos por calidad o incumplimiento de especificaciones constituyen, en esencia, ajustes a la contraprestación de la venta. En estos casos, dichos valores deben reconocerse como un menor valor del ingreso y no como un gasto independiente, aun cuando no exista devolución física de los bienes. No obstante, si se demuestra que el reclamo es excepcional y no forma parte de las condiciones del contrato ni de la determinación del precio, podría evaluarse su reconocimiento como gasto o provisión conforme a la NIC 37. La emisión de documentos como notas crédito no define el tratamiento contable, el cual debe basarse en la sustancia económica de la transacción.

CONSIDERACIONES Y CONCEPTO

1. ¿Debe el valor descontado por la comercializadora internacional tratarse como un menor valor del ingreso (afectando ventas) o como un gasto independiente?

En principio, y en armonía con el Concepto 2026-0078 emitido por este organismo, cuando el rechazo del producto por parte del cliente en el exterior obedece a condiciones de calidad, peso, especificaciones técnicas o aceptación comercial que hacen parte de la dinámica propia de la operación de exportación, el efecto económico debe tratarse como un menor valor del ingreso previamente reconocido, y no como un gasto independiente.

En dicho concepto, el CTCP señaló que los rechazos posteriores por calidad constituyen, en esencia, devoluciones que deben reconocerse como una disminución del ingreso previamente reconocido, en la medida en que la transacción no se materializó en los términos inicialmente reconocidos, principio aplicable también en la NIIF 15, incorporado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 para las entidades del Grupo 1.

No obstante, en el caso actual se aportan elementos adicionales que implican hacer una precisión: si la entidad demostrara que el rechazo no corresponde en su esencia económica a un ajuste inherente al precio de la transacción, sino a una reclamación posterior, excepcional e independiente de las condiciones comerciales pactadas, podría evaluarse su reconocimiento como gasto o provisión.

Sin embargo, tratándose de productos perecederos exportados mediante una comercializadora internacional, donde el rechazo por incumplimiento de especificaciones afecta directamente la liquidación final de la venta, el tratamiento más consistente sería el de menor valor del ingreso.

Desde el punto de vista contable, la devolución física de los bienes no es el único elemento determinante para concluir si existe una devolución o ajuste del ingreso. En productos perecederos, la imposibilidad de devolución física puede obedecer a la naturaleza del bien, sin que ello impida reconocer que, en sustancia, la operación no produjo la contraprestación inicialmente esperada.

En el Concepto 2026-0078 se indicó que la forma documental no determina el tratamiento contable, y que la emisión de una nota crédito no constituye por sí misma un requisito contable, sin perjuicio de las disposiciones tributarias o comerciales aplicables.

Por tanto, si la nota crédito refleja la disminución de la contraprestación derivada del rechazo del producto, su emisión puede ser consistente con el tratamiento contable como menor valor del ingreso. Sin embargo, la procedencia formal de la nota crédito, desde el punto de vista tributario o de facturación electrónica, no corresponde definirla al CTCP.

3. ¿Puede considerarse este tipo de ajuste como contraprestación variable en los términos de la NIIF 15, aun cuando la incertidumbre surge con posterioridad a la venta?

Podría considerarse contraprestación variable bajo la NIIF 15 cuando, desde la perspectiva de la esencia económica del contrato, el precio final de la transacción está sujeto a aceptación, liquidación posterior, cumplimiento de especificaciones, descuentos, penalidades, devoluciones, rechazos u otros mecanismos similares.

Aunque el rechazo se conozca con posterioridad, ello no significa necesariamente que la incertidumbre haya nacido después de la venta. En este tipo de operaciones, puede ocurrir que la incertidumbre exista desde el origen, pero solo se resuelva posteriormente, cuando la comercializadora internacional emite la liquidación definitiva o cuando el cliente en el exterior acepta o rechaza la mercancía.

En consecuencia, si el productor está expuesto desde el inicio al riesgo de rechazo por calidad, peso u otras especificaciones, el ajuste puede entenderse como parte de la contraprestación variable en los términos de la NIIF 15. En cambio, si se tratara de un hecho verdaderamente posterior, no previsto ni implícito en la relación comercial, el análisis podría orientarse hacia un gasto o una provisión, según corresponda.

4. ¿Es técnicamente adecuado reconocer una provisión conforme a la NIC 37 cuando exista evidencia del reclamo, aun cuando este no haya sido aceptado por el productor?

La NIC 37 sería aplicable cuando el hecho económico no corresponda a un ajuste del precio de la transacción ni a una devolución, sino a una obligación presente derivada de un evento pasado, cuya salida de recursos sea probable y pueda medirse de forma fiable.

Por tanto, si existe evidencia del reclamo, pero el productor no lo ha aceptado y no es probable que deba asumirlo, no procedería reconocer una provisión; podría requerirse revelar un pasivo contingente, si el asunto es material. En cambio, si a partir de la práctica comercial, los soportes disponibles, las comunicaciones de la comercializadora internacional y los descuentos efectivamente aplicados se concluye que el productor deberá asumir el valor reclamado, la obligación ya no sería meramente contingente y podría reconocerse el pasivo correspondiente.

No obstante, si el reclamo corresponde en esencia a un rechazo que reduce la contraprestación de la venta, el tratamiento preferente sería reconocerlo como menor valor del ingreso, no como provisión separada.

5. Desde la perspectiva de presentación de estados financieros, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado para reflejar la sustancia económica de este tipo de transacciones?

El tratamiento más adecuado debe reflejar la sustancia económica de la transacción. En el caso descrito, considerando que la comercializadora internacional descuenta el valor reclamado de facturaciones futuras, que el rechazo se relaciona con especificaciones del producto vendido y que la liquidación final de la operación se ve afectada por dicha circunstancia, la presentación más consistente sería reconocer el ajuste como menor valor del ingreso, en línea con el criterio expuesto por el CTCP en el Concepto 2026-0078.

Sin perjuicio de lo anterior, será la entidad la que debe evaluar los términos contractuales, las prácticas comerciales, los Incoterms, los criterios de aceptación del producto, la recurrencia de este tipo de ajustes y la evidencia disponible. Si de ese análisis se concluye que el ajuste no corresponde a una devolución, rebaja, descuento, penalidad o variabilidad del precio, sino a una reclamación independiente, podría reconocerse como gasto o provisión, siempre que se cumplan los criterios de la NIC 37.

Cordialmente,

JAIRO ENRIQUE CERVERA RODRÍGUEZ

Presidente Ad Hoc CTCP

Concepto 0146

maria.pilar — Thu, 16 Jul 2026 15:27:14 +0000

Concepto 0146

Tipo de norma

Concepto

maria.pilar Jue, 16/07/2026 - 10:27

Número

0146

Entidad emisora

Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Fecha

2026-05-25

Título

Reconocimiento marca generada internamente

Archivo

Concepto-0146-de-2026-a__-CTCP-a__-INCP.pdf476.56 KB

Concepto 0145

maria.pilar — Thu, 16 Jul 2026 14:43:52 +0000

Concepto 0145

Tipo de norma

Concepto

maria.pilar Jue, 16/07/2026 - 09:43

Número

0145

Entidad emisora

Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Fecha

2026-05-25

Título

Clasificación de los arrendamientos exige un análisis integral de los criterios de la sección 20 de la NIIF para las PYMES

Archivo

CONCEPTO 0145.pdf235.99 KB

Concepto 0089

maria.pilar — Thu, 16 Jul 2026 14:26:33 +0000

Concepto 0089

Tipo de norma

Concepto

maria.pilar Jue, 16/07/2026 - 09:26

Número

0089

Entidad emisora

Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Fecha

2026-04-19

Título

Aplicación marco de información financiera del Grupo 1

Concepto 0089

17-04-2026

Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Bogotá, D.C.,

REFERENCIA:
No. del Radicado	1-2026-010661
Fecha de Radicado	30 de marzo de 2026
No. Radicación CTCP	2026-0089
Tema	Aplicación marco de información financiera del Grupo 1

CONSULTA (TEXTUAL)

“(…) 1. De acuerdo con la siguiente información aplica la empresa para pasarse al grupo 1 y aplicar NIIF plenas en Colombia.

1. La empresa no cotiza en bolsa.

2. La empresa no es entidad de interés público.

3. La empresa a diciembre 31 de 2025, tiene activos totales por $24.000.000 y su planta de personal es de 50 empleados.

3.1. No es subordinada o sucursal de compañía extranjera.

3.2. Es subordinada de una compañía que aplica NIIF plenas. (Único accionista)

3.3. No es matriz, ni asociada, no tiene negocio conjunto de entidad extranjera que aplique NIIF plenas.

3.4. Realiza exportaciones que representan el 90% de sus ingresos.

2. Que se debe hacer para actualizar las políticas contables en una empresa, la empresa presenta un ingreso y un gasto importante relacionado con la diferencia en cambio, registrado en los estados financieros, sin embargo en la política contable solo hace referencia los ingresos financieros, no menciona el ingreso por diferencia en cambio. Para incluir la política contable de estos ingresos y gastos por diferencia en cambio, ¿debo actualizar la política y que órgano de administración aprueba esta actualización? (…)”

RESUMEN:

Una entidad que no sea emisor de valores ni entidad de interés público podrá clasificarse en el Grupo 1 si cumple con alguno de los criterios de tamaño (más de 200 trabajadores o activos superiores a 30.000 SMMLV) y al menos uno de los criterios adicionales establecidos en los numerales 3.1 a 3.4 del artículo 1.1.1.1 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015. Así mismo, podría clasificarse en el Grupo 1 de manera voluntaria, siempre que cumpla con las condiciones de permanencia indicadas en el artículo 1.1.1.6 del mismo decreto. La definición y actualización de políticas contables es responsabilidad de la administración de la entidad y debe realizarse conforme al marco técnico normativo aplicable.

CONSIDERACIONES Y CONCEPTO

En relación con la primera inquietud, es importante precisar que el CTCP no tiene competencia para determinar el grupo de clasificación de una entidad en particular. Esta evaluación corresponde a la administración, con base en lo establecido en el DUR 2420 de 2015, y en especial, para la clasificación de la entidad en el grupo 1, en lo dispuesto en los artículos 1.1.1.1 y 1.1.1.2.

No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 1.1.1.1 del citado decreto, una entidad que no sea emisor de valores ni entidad de interés público podrá clasificarse en el Grupo 1 si cumple con alguno de los siguientes criterios:

(…) “3. Entidades que no estén en los numerales anteriores, que cuenten con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y que, adicionalmente, cumplan con cualquiera de los siguientes parámetros:

3.1. Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF plenas.

3.2. Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF plenas.

3.3. Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen NIIF plenas.

3.4. Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras o de las ventas respectivamente” (…) Resaltado propio

En consecuencia, el cumplimiento de alguno de los parámetros adicionales (por ejemplo, ser subordinada de una entidad que aplica NIIF plenas o realizar exportaciones significativas) no es suficiente por sí solo para la clasificación en el Grupo 1, si no se cumplen simultáneamente alguno de los criterios de planta de personal o de activos totales. Así las cosas, la clasificación deberá realizarse con base en el análisis integral de los criterios y parámetros establecidos en la normativa vigente.

El CTCP se ha pronunciado en distintas ocasiones acerca de la clasificación de una entidad en el grupo 1, entre otros, en los conceptos 2025-0212 y 2024-0239.

En relación con la segunda inquietud, la definición y actualización de políticas contables es responsabilidad de la administración de la entidad, en el marco del proceso de preparación y presentación de estados financieros.

Los marcos técnicos normativos establecen lineamientos para este proceso, así:

Grupo 1: NIC 8 – Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores Grupo 2: Sección 10 de la NIIF para las PYMES – Políticas, Estimaciones y Errores Contables

En este contexto, las políticas contables deben reflejar adecuadamente los hechos económicos relevantes de la entidad. Por lo tanto, cuando se identifiquen transacciones significativas (como diferencias en cambio) que no se encuentran adecuadamente cubiertas en las políticas existentes, resulta procedente su actualización.

Dicha actualización debe:

Ser consistente con el marco técnico normativo aplicable
Reflejar la realidad económica de las transacciones
Ser aplicada de manera uniforme

La definición, adopción y actualización de las políticas contables corresponde a la administración de la entidad, de conformidad con el marco técnico aplicable y con la estructura de gobierno prevista en sus estatutos. Su aprobación recae generalmente en la gerencia o la junta directiva sin que en principio necesite la aprobación del máximo órgano social, salvo que los estatutos así lo indiquen.

Cordialmente,

JAIRO ENRIQUE CERVERA RODRÍGUEZ

Presidente Ad Hoc CTCP

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Concepto 0160

maria.pilar — Tue, 14 Jul 2026 22:10:34 +0000

Concepto 0160

Tipo de norma

Concepto

maria.pilar Mar, 14/07/2026 - 17:10

Número

0160

Entidad emisora

Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Fecha

2026-06-30

Título

Alcance DOT No. 19 en el sector salud

Concepto 0160

30-06-2026

Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Bogotá, D.C.,

REFERENCIA
No. del Radicado	1-2026-018531
Fecha de Radicado	2 de junio de 2026
Nº de Radicación CTCP	2026-0160
Tema	Alcance DOT No. 19 en el sector salud

CONSULTA

“(…)

PETICIONES

PRIMERA: Indicar si ante una eventual contradicción en sus disposiciones, prevalece la aplicación de la Orientación Técnica No. 19 en la definición de políticas contables de las entidades integrantes del Sistema de Seguridad Social en Salud sobre las NIIF y las normas que las incorporan en el ordenamiento jurídico colombiano, esto es Ley 1314 de 2009, Decreto 2420 de 2015 y demás normas modificatorias. Lo anterior, incluso en aquellos casos en los cuales las NIIF contienen disposiciones sobre reconocimiento, medición o revelación de las transacciones aplicables al sector salud, tales como cuentas por cobrar, deterioro, provisiones o ingresos, en los términos descritos en el acápite de consideraciones.

SEGUNDA: Precisar el debido alcance de la Orientación Técnica No. 19 frente al marco normativo de las NIIF, indicando de forma clara y puntual si su utilización debe limitarse a un instrumento interpretativo no vinculante, subordinado a la jerarquía del ordenamiento jurídico vigente.

TERCERA: Indicar si la Orientación Técnica No. 19 puede ser aludida por parte de las entidades de inspección, vigilancia y control, para generar hallazgos administrativos, fiscales, disciplinarios, entre otros, en el marco de auditorías y requerimientos, como criterio único, obligatorio y prevalente, incluso por encima de las normas NIIF incorporadas al Decreto 2420 de 2015, a pesar de no tener carácter normativo, ni haber sido incorporada formalmente al ordenamiento jurídico colombiano, mediante el acto administrativo correspondiente.”

RESUMEN:

El documento de orientación técnica DOT No. 19 constituye una herramienta de orientación para facilitar la aplicación de los marcos técnicos normativos de normas de contabilidad e información financiera para el Sector Salud. Los Documentos de Orientación Técnica emitidos por el CTCP tienen carácter orientador y constituyen instrumentos de apoyo para la comprensión y aplicación de los marcos técnicos normativos. En consecuencia, el DOT 19 no modifica, sustituye ni prevalece sobre los marcos técnicos normativos incorporados al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 1314 de 2009 y los decretos que la desarrollan.

CONSIDERACIONES Y CONCEPTO

Las peticiones planteadas por el peticionario se encuentran estrechamente relacionadas entre sí, por lo que serán atendidas de manera conjunta desde la perspectiva de las competencias del CTCP en materia del DOT No. 19: i) su posición frente a contradicciones con la normativa vigente, ii) su alcance y iii) su aptitud para ser la fuente legal de hallazgos administrativos.

El Documento de Orientación Técnica No. 19, desarrollado conjuntamente entre el CTCP y la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), tiene como objetivo servir de orientación para el reconocimiento medición, presentación y revelación de los hechos económicos relacionados con los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- SGSSS administrados por las Entidades Promotoras de Salud – EPS, de naturaleza privada.

El documento contiene orientaciones e instrucciones técnicas respecto del tratamiento contable de las transacciones desarrolladas en la actividad de aseguramiento en salud por parte de las EPS, las cuales deben interpretarse y aplicarse de manera concordante con los marcos técnicos normativos y con la legislación aplicable del sector.

Cuando una transacción, otro suceso o condición no se encuentre específicamente tratado por una norma de Información Financiera aplicable, la entidad deberá acudir a los criterios establecidos para el desarrollo de políticas contables contenidos en los párrafos 10 al 12 de la NIC 8 o en la Sección 10 de la NIIF para Pymes, según corresponda al marco técnico normativo aplicable.

1. Considere si existe una norma que trate específicamente la transacción, otro evento o condición.

2. Considere los requerimientos contenidos en normas que traten cuestiones similares y relacionadas.

3. Considere las definiciones, criterios de reconocimiento, conceptos de medición contenidos en el marco conceptual para la información financiera o en los principios equivalentes del marco técnico normativo aplicable.

Las normas de contabilidad e información financiera incorporadas al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 1314 de 2009 y los decretos que la desarrollan constituyen el marco normativo aplicable para los preparadores de información financiera. Por su parte, el Documento de Orientación Técnica No. 19 constituye una herramienta de apoyo para la aplicación de dichos marcos técnicos en el sector salud. Los Documentos de Orientación Técnica emitidos por el CTCP tienen carácter orientador y su finalidad es facilitar la comprensión y aplicación de los marcos técnicos normativos vigentes. En consecuencia, el DOT No. 19 no modifica, sustituye ni prevalece sobre las disposiciones contenidas en los marcos técnicos normativos vigentes. En caso de discrepancia entre una interpretación contenida en el DOT No. 19 y una disposición expresa del marco normativo aplicable, deberá observarse esta última.

Finalmente, se reitera que la competencia del CTCP se enmarca en la orientación técnica relacionada con las normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información. Por tanto, este organismo no tiene competencia para pronunciarse sobre las facultades de inspección, vigilancia y control o sobre los criterios que las autoridades competentes puedan emplear en actuaciones administrativas o sancionatorias concretas.

Cordialmente

JORGE HERNANDO RODRÍGUEZ HERRERA

Consejero – CTCP

Concepto 425(004538)

maria.pilar — Tue, 14 Jul 2026 22:00:37 +0000

Concepto 425(004538)

Tipo de norma

Concepto

maria.pilar Mar, 14/07/2026 - 17:00

Número

425(004538)

Entidad emisora

Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Fecha

2026-03-26

Título

Tema: Procedimiento. Intercambio de información de plataformas digitales.

Subtítulo

Descriptores: Vendedores reportables.. Jurisdicción reportable.

Concepto 425(004538)

26-03-2026

DIAN

100208192 - 425

Bogotá D.C.,

Tema:

Intercambio de información de plataformas digitales.

Descriptores:

Vendedores reportables.

Jurisdicción reportable.

Fuentes formales:

Artículo 631-4 Del Estatuto Tributario.

Ley 1661 de 2013.

Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes en relación con el Intercambio Automático de Información de ingresos derivados a través de Plataformas Digitales.

Artículos 1.6.10.2, 1.6.10.3, 1.6.10.4, 1.6.10.5 y 1.6.10.11 de la Resolución DIAN 000227 de 2025.

Reglas Modelo para el reporte de Operadores de Plataformas con relación a los vendedores en la economía colaborativa y bajo demanda.

Cordial saludo,

1. Esta Subdirección está facultada para absolver las consultas escritas, presentadas de manera general, sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y de fiscalización cambiaria, en lo de competencia de la DIAN[1]. En este sentido, la doctrina emitida será de carácter general, no se referirá a asuntos particulares y se someterá a lo consagrado en el artículo 131 de la Ley 2010 de 2019[2].

Problema Jurídico.

2. En el marco del régimen de intercambio automático de información relativo a operadores de plataformas digitales, ¿están obligados los operadores de plataformas sujetos a reporte a informar como vendedores reportables a las personas naturales o jurídicas con residencia fiscal en Colombia que desarrollen actividades relevantes exclusivamente en el territorio nacional, aun cuando la información no tenga relevancia transfronteriza?

Tesis Jurídica

3. Si. Los Operadores de Plataformas Sujetos a Reporte (OPSR) residentes fiscales en Colombia deberán reportar, además de los vendedores residentes en otras jurisdicciones reportables, a los vendedores reportables con residencia fiscal en Colombia que desarrollen actividades relevantes exclusivamente en el territorio nacional, aun cuando la información reportada no tenga relevancia transfronteriza.

Fundamentación

4. La Resolución DIAN 000199 de 2024[3] incorporó al ordenamiento jurídico colombiano las Reglas Modelo para el reporte de Operadores de Plataformas con relación a los vendedores en la economía colaborativa y bajo demanda, aprobadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mediante las cuales se establecen el contenido, las características técnicas y los plazos para el suministro de información por parte de los Operadores de Plataformas Sujetos a Reportar (OPSR) a la administración tributaria.

5. Estas reglas, concebidas para ser complementadas por un marco jurídico internacional que permita el intercambio automático anual de información[4], se aplican en Colombia en concordancia con la Ley 1661 de 2013 y en cumplimiento del «Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes en relación con el Intercambio Automático de Información de ingresos derivados a través de Plataformas Digitales».

6. Dicha resolución fue compilada en el capítulo 10 del Título 6 «Aspecto internacionales» de la Resolución Única Externa en materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria 000227 de 2025[5] (en adelante Resolución Única), adicionada por la Resolución DIAN No. 000228 de 2025, disposición actualmente vigente y aplicable[6].

7. En ese sentido, el numeral 1 del artículo 1.6.10.4 de la Resolución Única establece que un OPSR deberá reportar a la administración tributaria colombiana la información establecida en el numeral 2 del mismo artículo respecto del periodo reportable en el cual el vendedor[7] sea identificado como vendedor reportable. A su vez, el numeral 6 del artículo 1.6.10.3. ibidem prevé que el procedimiento de debida diligencia[8] del OPSR podrá aplicarse de manera optativa únicamente respecto de vendedores activos[9].

8. Así, el artículo 1.6.10.2 de la Resolución Única establece entre otras, las siguientes definiciones relevantes para el asunto objeto de análisis:

8.1. «2.3. La expresión “Vendedor Reportable” significa cualquier Vendedor Activo, que no sea un Vendedor Excluido, que resida en una jurisdicción reportable o preste Servicios Relevantes para el arrendamiento de bienes inmuebles ubicados en una Jurisdicción Reportable o se le paga o se le acredita Contraprestación en relación con los Servicios Relevantes para el arrendamiento de bienes inmuebles propiedad ubicada en una Jurisdicción Reportable, o arriende un medio de transporte a título oneroso, o cualquier otro tipo de servicio que sea definido bajo la legislación de la República de Colombia, según se determine con base en los procedimientos de Debida Diligencia establecidos en el Artículo 1.6.10.3 de la presente resolución.» (énfasis propio)

8.2. «3.2. La expresión “Jurisdicción Reportable” es:

3.2.1. La República de Colombia y cualquier otra jurisdicción.

3.2.2. El Operador de Plataforma Sujeto a Reporte no residente fiscal en Colombia debe considerar por “Jurisdicción Reportable” la República de Colombia»

9. De acuerdo con las definiciones citadas, un vendedor será considerado vendedor reportable cuando, siendo un vendedor activo no excluido, realice actividades relevantes[10] y que resida en una jurisdicción reportable, circunstancia que debe ser determinada por el operador de plataforma mediante los procedimientos de debida diligencia previstos en el artículo 1.6.10.3 de la citada resolución[11].

10. Dicha definición de «jurisdicción reportable» se encuentra alineada con la definición contenida en las reglas modelo de la OCDE de «jurisdicción declarable» entendida como aquella conformada por «la jurisdicción implementadora y cualquier otra jurisdicción [...]» (énfasis propio); entendiéndose por jurisdicción implementadora aquella que adopta o incorpora dichas reglas en su ordenamiento jurídico.

11. Así mismo, el comentario 53 de la sección I «definiciones» de las reglas modelo, vinculantes en nuestra legislación conforme el artículo 1.6.10.11 de la Resolución Única, precisa que bajo dichas reglas «los Operadores de Plataforma Sujetos a Reporte deben reportar en su jurisdicción de residencia fiscal la información correspondiente a los Vendedores Reportables residentes en Jurisdicciones Reportables, así como la relativa a bienes inmuebles ubicados en Jurisdicciones Reportables.» (énfasis propio).

12. En este contexto, las reglas modelo precisan que la arquitectura general de este régimen presenta tres dimensiones, a saber:

12.1. Un alcance específico de las transacciones que deben reportarse, centrado en alojamiento, transporte y otros servicios personales;

12.2. Un alcance amplio de operadores de plataformas y vendedores, con el fin de asegurar que se reporten el mayor número posible de transacciones relevantes; y

12.3. reglas de debida diligencia y de reporte que garanticen que se suministre información precisa sin imponer procedimientos excesivamente gravosos a los operadores de plataformas.

13. De la normativa citada se desprende que la obligación de reporte a cargo de los OPSR no se encuentra condicionada a la existencia de un elemento transfronterizo en la operación reportada.

14. En efecto, el régimen distingue claramente entre: (i) la fase interna de recolección y reporte de información, que opera con fundamento en la normativa doméstica y en criterios objetivos de residencia o ubicación del servicio o bien, y (ii) la fase posterior de intercambio automático, cuya procedencia depende de la existencia de acuerdos internacionales vigentes[12] con «jurisdicciones participantes»[13]. La relevancia internacional es, por tanto, un elemento propio del intercambio y no un presupuesto del deber de reporte.

15. Lo anterior, se explica, además, porque la propia definición de «jurisdicción reportable» prevista en el artículo 1.6.10.2 de la Resolución Única incluye expresamente a la República de Colombia, y cualquier otra jurisdicción. En tal sentido, la obligación de reportar recae sobre todas las jurisdicciones sin excepción alguna para los OPSR, excepto cuando se trata de OPSR no residente fiscal en Colombia, quien debe considerar por «Jurisdicción Reportable» únicamente la República de Colombia.

16. Nótese que el hecho de que Colombia sea considerada una jurisdicción reportable dentro del propio sistema normativo explica que los OPSR deban reportar a la administración tributaria colombiana la información correspondiente a los vendedores residentes en el país y sus actividades relevantes realizadas dentro del periodo reportable, aun cuando estas actividades relevantes se desarrollen exclusivamente en el territorio nacional.

17. Para el efecto, el OPSR residente fiscal deberá presentar de manera independiente un archivo por cada jurisdicción reportable, incluida Colombia, en virtud del parágrafo 1 del artículo 1.6.10.5 de la Resolución Única [14].

18. En conclusión, los OPSR deberán reportar, además de los residenciados en otras jurisdicciones reportables, a los vendedores reportables con residencia fiscal en Colombia que desarrollen actividades relevantes exclusivamente en el territorio nacional.

19. En los anteriores términos se absuelve su petición y se recuerda que la normativa, jurisprudencia y doctrina en materia tributaria, aduanera y de fiscalización cambiaria, en lo de competencia de esta Entidad, puede consultarse en el normograma DIAN: https://normograma.dian.gov.co/dian/.

Atentamente,

INGRID CASTAÑEDA CEPEDA

Subdirectora de Normativa y Doctrina (A)

Subdirección de Normativa y Doctrina

Dirección de Gestión Jurídica

www.dian.gov.co

[1] De conformidad con el numeral 4 del artículo 56 del Decreto 1742 de 2020 y el artículo 7 de la Resolución DIAN 91 de 2021.

[2] De conformidad con el numeral 1 del artículo 56 del Decreto 1742 de 2020 y el artículo 7-1 de la Resolución DIAN 91 de 2021.

[3] «Por la cual se establece para el año gravable 2025 y siguientes, el contenido, las características técnicas y los plazos para la presentación de la información que deben suministrar los Operadores de Plataformas Sujetos a Reportar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de conformidad con la Ley 1661 de 2013 y en cumplimiento del “Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes en relación con el Intercambio Automático de Información de ingresos derivados a través de Plataformas Digitales»

[4] OECD (2020), Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy, OECD, Paris.

[5] «Por la cual se expide la resolución Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria en lo de competencia de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN»

[6] Al respecto, el artículo 8 de la Resolución 227 de 2025 establece que. «De conformidad con el artículo 3o de la Ley 153 de 1887, queda derogado el texto de los artículos de las resoluciones aquí compilado»

[7] «2.1. La expresión “Vendedor” significa un usuario de la Plataforma que se registra en cualquier momento durante el Periodo Reportable en la Plataforma para la prestación de los Servicios Relevantes o la venta de Bienes. En este sentido, los Vendedores pueden incluir tanto a individuos como a Entidades». Cfr. Ordinal 2 del artículo 1.6.10.2 de la Resolución DIAN 000227 de 2025.

[8] Las obligaciones generales de debida diligencia se encuentran reguladas en el artículo 1.6.10.3 de la Resolución DIAN 000227 de 2025.

[9] «2.2. La expresión “Vendedor Activo” significa cualquier Vendedor que proporciona Servicios Relevantes o vende Bienes durante el Periodo Reportable o se le paga o acredita Contraprestación en relación con las Actividades Relevantes durante el Periodo Reportable.» Cfr. Ordinal 2 del artículo 1.6.10.2 de la Resolución DIAN 000227 de 2025.

[10] «La expresión “Actividad Relevante” significa: 1.9.1. Un Servicio Relevante por Contraprestación; o 1.9.2. La venta de Bienes por Contraprestación”.». Para profundizar en este aspecto véase: comentarios de las Reglas Modelo para el reporte de Operadores de Plataformas con relación a los vendedores en la economía colaborativa y bajo demanda, disponible en: https://www.oecd.org/en/topics/sub- issues/international-tax-compliance-policies-and-best-practices/model-reporting-rules-for-digital-platforms.html?utm_source=chatgpt.com.

[11] Dicho artículo, establece las obligaciones generales de debida diligencia, consistentes en la recopilación y verificación de información respecto de cada vendedor individual. En particular, su numeral 3 dispone que dicha información permitirá determinar la jurisdicción de residencia de los vendedores, elemento determinante para establecer si estos deben ser considerados vendedores reportables para efectos del suministro de información.

[12] Al respecto, la Sección 2 «Intercambio de información respecto de vendedores declarables» del Acuerdo multilateral entre autoridades competentes para el intercambio automático de información sobre ingresos derivados a través de plataformas digitales dispone que: «Cada Autoridad Competente intercambiará anualmente, de forma automática, la información obtenida conforme a las Reglas Modelo sujeta a las notificaciones previstas en la Sección 7».

[13] Al respecto, el subnumeral 3.1. del numeral 3 del artículo 1.6.10.2 de la Resolución Única define «jurisdicción participante» como la «jurisdicción con la que la República de Colombia tiene un acuerdo en vigor que contempla la obligación de proporcionar la información a suministrar en el artículo 4o de la presente resolución;». En el siguiente enlace podrá consultar el listado elaborado por la OCDE, en donde se relacionan las jurisdicciones signatarias del Acuerdo Multilateral relacionan las jurisdicciones signatarias del Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes en relación con el Intercambio Automático de Información de ingresos derivados a través de Plataformas Digitales: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issues/tax-transparencyand-international-co-operation/dpi-mcaa-signatories.pdf.

[14] Cfr. DIAN. Guía para presentación del reporte de información dpi v.1.0 por parte de los operadores de plataformas digitales sujetas a reportar.

Concepto 0078

maria.pilar — Tue, 14 Jul 2026 21:57:28 +0000

Concepto 0078

Tipo de norma

Concepto

maria.pilar Mar, 14/07/2026 - 16:57

Número

0078

Entidad emisora

Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Fecha

2026-04-25

Título

Devoluciones en ventas – Exportaciones

Concepto 0078

25-04-2026

Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Bogotá, D.C.,

REFERENCIA
No. del Radicado	1-2026-009962
Fecha de Radicado	24 de marzo de 2026
Nº de Radicación CTCP	2026-0078
Tema	Devoluciones en ventas – Exportaciones

CONSULTA (TEXTUAL)

“(...) En mi calidad de preparador de información financiera de una entidad clasificada en el Grupo 2 (NIIF para PYMES), me permito elevar la siguiente consulta de carácter técnico:

Hechos:

Una empresa dedicada a la producción y venta de banano realiza exportaciones a través de una comercializadora internacional. Semanalmente se embarcan pallets de producto, cuyo precio es pactado por caja.

La entidad reconoce el ingreso en el momento del embarque, con base en la liquidación emitida por la comercializadora, y posteriormente emite la factura correspondiente.

En un caso particular, correspondiente a una semana específica:

La mercancía fue embarcada, liquidada, facturada y pagada.
Posteriormente, el cliente en el exterior rechazó la totalidad del embarque por problemas de calidad.
Como consecuencia, la comercializadora internacional trasladó el efecto económico a la entidad, no mediante la anulación de la factura original, sino mediante descuentos aplicados a embarques posteriores.

Consulta:

1. ¿El reconocimiento inicial del ingreso se considera correcto bajo la Sección 23 de la NIIF para las PYMES, aun cuando posteriormente se presente un rechazo total del producto?

2. En el evento descrito, ¿el efecto económico del rechazo debe reconocerse como: a) un menor valor del ingreso (rebaja, descuento o devolución), o b) un gasto del periodo?

3. ¿Es necesario, desde el punto de vista contable, emitir una nota crédito para reflejar dicho ajuste, aun cuando la compensación se realice mediante descuentos en operaciones futuras?

4. En caso de no emitirse nota crédito, ¿cuál sería el tratamiento contable adecuado para reflejar la sustancia económica de la transacción? (…)”

RESUMEN:

El reconocimiento de ingresos por venta de bienes bajo la Sección 23 de la NIIF para las PYMES es procedente cuando se han transferido los riesgos y ventajas significativos y el ingreso puede medirse con fiabilidad. No obstante, cuando existan incertidumbres relevantes asociadas a devoluciones o rechazos, estas deben considerarse al momento del reconocimiento. Los rechazos posteriores por calidad constituyen, en esencia, devoluciones que deben reconocerse como una disminución del ingreso previamente reconocido y no como un gasto independiente. La forma documental no determina el tratamiento contable, el cual debe reflejar la sustancia económica de la transacción.

CONSIDERACIONES Y CONCEPTO

1. ¿El reconocimiento inicial del ingreso se considera correcto bajo la Sección 23 de la NIIF para las PYMES, aun cuando posteriormente se presente un rechazo total del producto?

El reconocimiento de ingresos por venta de bienes en entidades que aplican la NIIF para las PYMES se encuentra regulado en la Sección 23. En particular, el párrafo 23.10 establece que una entidad reconocerá ingresos cuando, entre otros aspectos:

“Venta de bienes

23.10 Una entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes cuando se satisfagan todas y cada una de las siguientes condiciones:

a) la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes;

b) la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;

c) el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad;

d) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados con la transacción; y

e) los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad. (...)”

En operaciones de exportación, la evaluación de estos criterios depende además de las condiciones contractuales pactadas (por ejemplo, Incoterms), en la medida en que estas determinan el momento de transferencia de riesgos y ventajas.

No obstante, un elemento fundamental para el reconocimiento del ingreso es la medición fiable. En este sentido, cuando existan incertidumbres significativas asociadas a posibles devoluciones, rechazos por calidad u otros ajustes, la entidad deberá considerar dichas incertidumbres al momento del reconocimiento.

En consecuencia, si al momento del embarque se cumplían los criterios de la Sección 23 y la entidad no tenía evidencia de incertidumbres significativas que afectaran la medición del ingreso, el reconocimiento inicial podría considerarse adecuado. Sin embargo, si tales incertidumbres existían y no fueron consideradas, la entidad deberá evaluar si el ingreso fue reconocido de manera apropiada.

2. En el evento descrito, ¿el efecto económico del rechazo debe reconocerse como: a) un menor valor del ingreso rebaja, descuento o devolución), o b) un gasto del periodo?

Cuando con posterioridad al reconocimiento del ingreso se presenta un rechazo total del producto por razones de calidad, este hecho constituye, en esencia, una devolución de la venta.

De acuerdo con la Sección 23, los ingresos deben medirse al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de devoluciones, rebajas y descuentos. Por lo tanto, los efectos derivados del rechazo deben reconocerse como una disminución del ingreso previamente reconocido, y no como un gasto independiente.

Este tratamiento responde al principio de esencia sobre forma (Sección 2), en la medida en que el rechazo implica que la transacción de venta no se materializó en los términos inicialmente reconocidos.

3. ¿Es necesario, desde el punto de vista contable, emitir una nota crédito para reflejar dicho ajuste, aun cuando la compensación se realice mediante descuentos en operaciones futuras?

Desde la perspectiva contable, el tratamiento de una transacción no depende del soporte documental específico que se utilice, sino de la ocurrencia del hecho económico. Así las cosas, la emisión de una nota crédito no constituye un requisito contable en sí mismo, sin perjuicio de las disposiciones de carácter tributario o comercial que puedan resultar aplicables.

4. En caso de no emitirse nota crédito, ¿cuál sería el tratamiento contable adecuado para reflejar la sustancia económica de la transacción?

Como se mencionaba previamente, el tratamiento contable adecuado consiste en:

reconocer el efecto del rechazo como una disminución del ingreso correspondiente a la transacción original;
registrar dicho ajuste en el momento en que se conoce el evento que origina la devolución; y
ajustar las cuentas por cobrar u otras partidas relacionadas, de forma que la información financiera refleje adecuadamente la realidad económica.

Cordialmente,

JAIRO ENRIQUE CERVERA RODRÍGUEZ

Presidente Ad Hoc CTCP

Concepto 0081

maria.pilar — Tue, 14 Jul 2026 21:43:36 +0000

Concepto 0081

Tipo de norma

Concepto

maria.pilar Mar, 14/07/2026 - 16:43

Número

0081

Entidad emisora

Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Fecha

2026-04-27

Título

ESAL – Tratamiento contable de excedentes

Concepto 0081

27-04-2026

Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Bogotá, D.C.,

REFERENCIA
No. del Radicado	1-2026-010027
Fecha de Radicado	25 de marzo de 2026
Nº de Radicación CTCP	2026-0081
Tema	ESAL – Tratamiento contable de excedentes

CONSULTA (TEXTUAL)

1- Las empresas con naturaleza jurídica denominadas ONG o ESAL, como deben contabilizar sus excedentes, cuanto es el tiempo para ejecutarlos y/o si estos pueden acumularse por varios años.

2- Cuando se castiga cartera en una entidad ESAL, como se debe contabilizar y que soportes o documentos debe aportar para dicho castigo de cartera y que ley aplica para este proceso.

3- Si los excedentes son acumulados por varios años hay algún aspecto legal que impida su ejecución”.

RESUMEN:

En las entidades sin ánimo de lucro (ESAL), los excedentes se reconocen contablemente como parte del patrimonio y pueden acumularse en períodos posteriores, sin que exista en los marcos técnicos normativos compilados en el DUR 2420 de 2015 un plazo específico para su ejecución ni una prohibición para su acumulación. Por su parte, el castigo de cartera se reconoce como la baja en cuentas de un activo financiero con afectación a resultados o a provisiones previamente constituidas, conforme a los criterios de deterioro establecidos en dichos marcos técnicos normativos que le sean aplicables a la entidad. Las posibles restricciones sobre la destinación o ejecución de excedentes, así como otros requisitos legales asociados al castigo de cartera, corresponden a disposiciones de naturaleza legal o estatutaria, cuyo análisis no es competencia del CTCP.

CONSIDERACIONES Y CONCEPTO

Tratamiento de excedentes en ESAL

Los excedentes en las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) corresponden al resultado positivo del período y, de acuerdo con los marcos técnicos normativos compilados en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, se reconocen como parte del patrimonio, no como pasivo. Estos no pueden ser distribuidos entre asociados y deben destinarse al cumplimiento del objeto social de la entidad. Sobre este aspecto, se precisa que dicha destinación puede estar regulada por disposiciones legales o estatutarias, cuyo análisis no corresponde al CTCP.

En cuanto al tiempo de ejecución, desde la perspectiva contable no existe un plazo específico para su utilización, lo que puede diferir del ámbito fiscal. Por ello, los excedentes pueden acumularse por varios años, siempre que se mantenga su destinación al objeto social y se presenten y revelen adecuadamente en los estados financieros.

Ejecución de excedentes acumulados

Los excedentes acumulados en una ESAL pueden ejecutarse en periodos posteriores, siempre que se mantengan dentro del patrimonio y se destinen al desarrollo del objeto social. Desde el punto de vista contable, no existe en el DUR 2420 de 2015 una disposición que establezca un límite temporal para su ejecución ni que prohíba su acumulación.

No obstante, la entidad debe asegurar su correcta presentación y revelación en los estados financieros, en coherencia con su finalidad no lucrativa, considerando que la determinación de eventuales restricciones legales, estatutarias o de otra naturaleza sobre la ejecución de dichos excedentes no es competencia del CTCP, por lo cual deberá atenderse a las disposiciones que regulen este tipo de entidades.

Castigo de cartera en una ESAL

El castigo de cartera en una ESAL se reconoce contablemente como la baja en cuentas de un activo financiero (cuentas por cobrar), afectando el resultado del período (gasto) o una provisión previamente constituida, de acuerdo con los criterios de pérdida por deterioro establecidos en los marcos técnicos normativos (NIIF para las Pymes o NIIF plenas, según corresponda). Este tratamiento se fundamenta en el principio de esencia sobre la forma y en los criterios de deterioro de los instrumentos financieros según los cuales, una entidad reconocerá pérdidas por deterioro cuando exista evidencia objetiva de incobrabilidad, y procederá a dar de baja el activo cuando no exista una expectativa razonable de recuperación.

Para efectuar el castigo, la entidad debe contar con evidencia suficiente que respalde la incobrabilidad, entre otros: gestiones de cobro realizadas, análisis de antigüedad de cartera, decisiones del órgano competente y, cuando corresponda, conceptos jurídicos o evidencia de procesos de cobro fallidos.

En relación con la “ley aplicable” mencionada en la consulta, se precisa que el CTCP se pronuncia exclusivamente sobre el tratamiento contable en el marco del DUR 2420 de 2015, sin que le corresponda determinar o interpretar otras disposiciones legales que puedan regular aspectos adicionales del castigo de cartera.

El CTCP se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre el término “Excedentes ESAL”. Se recomienda revisar, entre otros, los siguientes conceptos:

*No.*	*CONCEPTO*	*FECHA*
2025-0258	Contabilización de excedentes ESAL	05/09/2025
2025-0104	ESAL – Excedentes y fondos de destinación específica	28/03/2025
2023-0023	Ejecución de excedentes - ESAL	24/01/2023

Cordialmente,

Sandra Consuelo Muñoz Moreno

Consejera – CTCP